Se llegó el tan ansiado tres de diciembre de 2015, fecha en que finalizó el periodo para el que fue nombrado el licenciado Luis Antonio Martínez, como fiscal general de la República. Con ello, y sin la elección de quien lo sustituya en el cargo, una vez más la Asamblea Legislativa incumplió el plazo para el nombramiento de un funcionario trascendental en el desarrollo de las actividades de seguridad y combate a la corrupción en el país. El proceso llevado a cabo por los legisladores dista de ser excelente, pues aunque se realizaron entrevistas y recopilación de antecedentes, el informe de la subcomisión fue entregado a la Comisión Política apenas la semana pasada, y no se ha revelado la ponderación dada a cada perfil.
La situación es complicada para el país. Con una de las tasas de homicidios más altas del mundo y donde a medida pasa el tiempo se conocen nuevas situaciones que probablemente se configuren como corrupción en las distintas instituciones, la figura del abogado del Estado que esté dispuesto a defender los intereses de la nación se vuelve de vital importancia. Causa molestia entre la opinión ciudadana que la elección del fiscal general, a pesar de que en puridad se trata de un puesto con perfil técnico, se ha convertido en una batalla política de permanencia del status quo; es decir, de una lucha porque el trabajo de la fiscalía no avance ante la insistencia de reelegir a alguien que no ha presentado resultados contundentes en su labor. Además, de una persona que ha faltado a su compromiso con la transparencia y cuyo silencio ante los distintos señalamientos –que han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas– lo vuelven sumamente sospechoso.
Después de tantas elecciones realizadas por la Asamblea y de una serie de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional que han declarado la inconstitucionalidad de diversas elecciones de funcionarios, es obvio que los legisladores saben cómo tienen que realizar el proceso de elección en el marco de la Constitución y lo que predomina es la falta de voluntad política de hacerlo. No está de más recordarles que, con base en las atribuciones de la Fiscalía General, el titular de dicha institución ejerce una labor técnica altamente especializada. Para ser fiscal general se exigen las mismas cualidades que para ser magistrado de Cámara, entre las que destacan las tan discutidas “moralidad y competencia notorias”. La jurisprudencia constitucional ha traducido esos conceptos indeterminados a que la persona designada debe gozar de “la probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia (de órganos e instituciones, así como de partidos políticos) y rectitud”, además, que estas personas deben poseer la cualificación técnica y profesional requeridas para el idóneo desempeño del cargo. La persona que ocupe el cargo de fiscal general debería ser un abogado con amplia experiencia, como mínimo, en temas penales, sancionatorio y administrativo.
Dicho proceso tiene que realizarse bajo un mecanismo objetivo por el cual se puedan ponderar los indicadores que lleven a los legisladores a decantarse por una persona; para lo anterior debe realizarse una valoración imparcial del perfil de cada candidato, teniendo como base la documentación que acredite la cualificación profesional y un cuadro de antecedentes limpio que refleje una moralidad intachable. El proceso de selección, además, debe ser público, transparente y sujeto a la verificación de los diferentes aspirantes y medios de comunicación, y en el cual debe valorarse públicamente los atestados que prueban o justifican el mérito, idoneidad, competencia y aptitudes de los abogados que se postulen.
Ya que la consigna diaria de muchos disputados es hacer eco del mandato de representación que sus votantes le han otorgado, ahora es un buen momento para que en verdad representen a la ciudadanía y elijan a un funcionario de altura. El Salvador debería tener el fiscal general que corresponda al trabajo diario que los salvadoreños hacemos para salir adelante, que sea capaz de reducir el problema de la delincuencia y corrupción, y que de ninguna manera ejerza sus funciones atendiendo a parámetros subjetivos, sino con objetividad e imparcialidad. Los ciudadanos estamos en el derecho de exigir a los diputados la evaluación y selección de los mejores perfiles de profesionales, y que se elija considerando los requisitos establecidos en la Constitución y jurisprudencia constitucional.
*Columnista de El Diario de Hoy.