Cuando escribo estas líneas, ya hay una reacción de diferentes organizaciones de la sociedad civil cuestionando la aprobación de la Ley de Probidad y solicitando al Presidente Sánchez Cerén que vete este decreto.
Todo este año, diversas instituciones y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, organizaron foros para impulsar la aprobación de una ley que garantizara que los funcionarios vamos a actuar con honradez en la custodia de los bienes que los ciudadanos nos confían a través de su voto en las urnas.
Un factor importante para lograr esto, era dándole mayores capacidades y rangos de acción a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ya son muchas las voces que se alzan para expresar que esto no se logra con el cuerpo de ley que se encuentra en manos de la presidencia a la espera de un veto, observaciones o que sea sancionado por el profesor Sánchez Cerén.
No podemos ocultar que la aprobación de la Ley se da en una coyuntura muy especial, en la que hay expresidentes, diputados y otros funcionarios con graves señalamientos de posible enriquecimiento ilícito; senadores y embajadores advirtiendo sobre la importancia de elegir un nuevo fiscal que adquiera y cumpla el compromiso de luchar contra la corrupción, y, más recientemente, con condicionamientos para el país, en el marco de la Alianza para la Prosperidad, que pone en riesgo ayuda para el desarrollo si no se crea una CICIES que investigue adonde la debilidad del Estado no alcanza a llegar.
La ley aprobada, lejos de fortalecer, debilita el combate contra la corrupción.
Tratamos de hacer conciencia de esto; sin embargo, de nuevo la constante en esa reunión plenaria fue demonizar al rival, buscar la destrucción personal del adversario, el parlamento se convirtió en una verdadera batalla de descalificaciones y no de ideas.
Es triste que mientras vivimos inmersos en las acusaciones y contraacusaciones, el país sufre graves dislocaciones sociales que nos mantienen en permanente crisis.
Con sus intervenciones, los diputados oficialistas, nos querían hacer creer que la última administración y la presente son sumamente pulcras en su actuar. Pero, no hay nada más alejado de la realidad.
Algo que parece una burla es que, justamente el día que conmemorábamos una sesión solemne por la entrada en vigencia de la Constitución, los diputados en su discurso mencionaron el artículo 240, el que se refiere al enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
Dicho artículo delega en la Corte Suprema de Justicia en pleno, el conocimiento de posibles casos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios; pero horas más tarde aprueban la Ley de Probidad que traslada a la Sala de lo Civil la atribución de conocer de las infracciones cometidas. Esa es una de las razones por las que se advierte que la legislación aprobada tiene visos de inconstitucionalidad.
Nos parece que hay una gran confianza, por parte del FMLN y sus aliados en esa sala, será casualidad que entre los magistrados que conforman dicha instancia hay uno, cuyo vínculo con el partido oficial quedó en evidencia durante su breve paso por la presidencia de la Asamblea Legislativa. Todos recordarán esa imagen.
Los ciudadanos ni creen ni confían en los funcionarios –precisamente por estas acciones– y es lamentable que desaprovechemos las oportunidades que se nos presentan para actuar en beneficio del pueblo, a costa de proteger a personas que han traicionado la confianza de los salvadoreños.
Por eso el expresidente de Uruguay José Mujica dijo: “a los que les gusta mucho la plata (dinero) hay que correrlos de la política, son un peligro”.
Los ciudadanos quieren transparencia, que sus impuestos se inviertan en su beneficio. De todos es sabido que la corrupción corroe nuestras sociedades y socava la democracia.
Pero hay quienes ignoran eso, y más que una argumentación sólida para aprobar la Ley de Probidad, prevaleció la aritmética legislativa de FMLN, GANA y algunos diputados pecenistas, en contra del interés de la generalidad.
Leyes tenemos suficientes, lo que necesitamos es que esas leyes se cumplan, se apliquen, se respeten porque es lo único que nos va a permitir pasar a mayores niveles de desarrollo, para beneficio de los salvadoreños.
*Diputado.