En la más reciente, y en una de las más enriquecedoras reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se desarrolló la primera sesión del Seminario Permanente de Formación en Seguridad Ciudadana organizado por el PNUD. Se tuvo como invitados a los señores Joshua Mitrotti, Director de la Agencia Colombiana de Reintegración y Carlos Jaramillo, Subdirector de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El propósito de la reunión fue el de conocer la experiencia colombiana en materia de reintegración de personas involucradas en violencia a la vida regular en sociedad.
En el tiempo de preguntas y respuestas salió a relucir el tema de los falsos positivos y la manera en cómo ellos afectaron los procesos de integración. En Colombia se conoció como falsos positivos a los asesinatos de civiles inocentes a manos del Ejército o Policía y que eran presentados como muertos en enfrentamientos. Todo eso con el fin de simular eficacia en el combate a la guerrilla.
Ante la pregunta, los expertos colombianos se extendieron explicando que el escándalo de los falsos positivos puso en grave riesgo el proceso de reintegración que se desarrollaba y exigió su involucramiento para cambiar la dirección de las cosas; que calificaron como totalmente inaceptables. Ellos descubrieron que los incentivos para las fuerzas del Estado en su combate a la violencia eran: la cantidad de muertos, la cantidad de capturados y la cantidad de desmovilizados. En ese orden. Bajo semejante escala de motivaciones no es difícil el entender cómo se ha llegado, en 2015, a 3,430 investigaciones judiciales sobre falsos positivos.
El trabajo de los señores Mitrotti y Jaramillo consistió en invertir la escala de incentivos para las fuerzas del Estado. Es decir: priorizar los desmovilizados, luego las capturas y, por último, las bajas. Al hacer eso, se logró una nueva dimensión de la efectividad en el combate a la violencia y, como resultado, un poco más de 48,000 personas involucradas en violencia se encuentran ahora en los procesos de inserción a la vida regular.
El trabajo de invertir los incentivos también incluyó la destitución de oficiales, suboficiales y la renuncia de un General. También incluyó la apertura de miles de expedientes judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Con esas medidas enérgicas se pudo rescatar la confianza de las personas en los procesos y leyes de inserción que se estaban impulsando.
Cuando un país decide abrir la puerta para que los involucrados en violencia se desmovilicen y acudan a los procesos de reintegración es esencial la confianza que las personas puedan tener en ese Estado. Tal confianza solamente se logra cuando el Estado es capaz de demostrar un respeto absoluto a la institucionalidad y al Derecho Internacional Humanitario. Para que el camino de inserción que se pretende abrir en nuestro país surta algún tipo de resultado, el Estado debe dar muestras enérgicas de no estar dispuesto a tolerar más abusos de poder y de apegarse absolutamente al respeto a las leyes y a los protocolos.
De otra manera, los planes de inserción no gozarán de la confianza de las personas. Tal como el señor Mitrotti sentenció al final de su intervención: “Si el Estado no cumple con su papel de garante, todo lo demás no lo cumplirá”.
*Pastor general de la Misión Cristiana Elim.