El Salvador avanza imparablemente, como advirtió un periódico extranjero hace algunos meses, en el camino para convertirse en la nación más peligrosa del mundo. Esta penosa posición la ostentó antes Honduras, según el reporte del Estudio Global de Homicidios 2013, publicado por Naciones Unidas, con una tasa de 90.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El Salvador, en los primeros diez meses del 2015 ya acumula 5,603 agresiones letales y, por lo tanto, ronda una tasa de 88 homicidios por cada 100,000 habitantes, faltando aún dos meses para que finalice el año. Considerando la tendencia de los últimos meses, es inevitable que El Salvador no supere el récord impuesto por Honduras y, en consecuencia, si todo lo demás se mantiene en condiciones similares, se convertirá en el país más violento del planeta.
Algunas personas argumentaban que la negociación entre el Estado y los cabecillas pandilleros era justificable, ya que salvaba vidas. Aún hay quienes utilizan esta lógica para abogar por un “diálogo” entre el gobierno y la estructura de mando pandillera. Muchos advertimos, en su momento, que los números fríos de la aparente reducción en homicidios no eran suficientes para analizar la conveniencia de la negociación y señalamos que era necesario tomar en cuenta otros elementos, entre ellos la ineludible reversión de las cifras. La forma más sencilla en que lo expliqué es que la mecánica mediante la que se logró la disminución en homicidios era como cuando se usa una tarjeta de crédito, en el sentido que lo que se gasta hoy, se tiene que pagar en el futuro.
La relación extorsiva que se consolidó entre el Estado y las pandillas estaba condenada a revertir las estadísticas de homicidio, una vez la interacción llegara a un desbalance en el que difícilmente las autoridades podrían satisfacer las crecientes expectativas de los cabecillas de las organizaciones criminales. Al llegar esa coyuntura los homicidios, que se convirtieron en moneda de cambio en el contexto de la negociación, indudablemente serían utilizados por las pandillas para ubicarse en una posición privilegiada en su intercambio con el Gobierno y, por lo tanto, los homicidios se incrementarían sustancialmente. Advertimos que el país sería sometido a una ola delictual sin precedentes y que el número de homicidios que aparentemente se dejó de cometer durante “la tregua,” se superaría por la cantidad de asesinatos cometidos después.
Los que aún abogan por negociar con cabecillas pandilleros utilizan como argumento principal que durante “la tregua” se dejaron de perpetrar 2,974 homicidios. Esta cifra la calculan de la diferencia que existe en la cantidad de asesinatos cometidos entre marzo/2012-julio/2013 (los 16 meses desde que arrancó la oscura iniciativa hasta que la Sala de los Constitucional ordenó la destitución de David Munguía Payés) y los 16 meses previos. En los últimos 16 meses se han cometido 7,675 homicidios, cifra que supera en 4,841 los 2,834 asesinatos cometidos durante “la tregua,” y en 1,867 los 5,808 perpetrados en los 16 meses previos a “la tregua.” Durante los últimos 16 meses, por lo tanto, el número de homicidios superó en casi 2,000 lo que, en teoría, se dejó de cometer gracias a la negociación con cabecillas pandilleros.
Hace algunos días un buen amigo me decía que el paquete de impuestos recién aprobado es la factura que el país está pagando para corregir el daño causado por el “experimento” de “la tregua.” No comparto esa lectura. Hasta ahora no veo ninguna estrategia que vaya a ser financiada por esos impuestos orientada a reparar el desastre causado por la negociación con grupos criminales. El paquete de impuestos es nada más otra manipulación política de la seguridad pública, nada más.
*Criminólogo.
@cponce_sv