En su ingrata sesión plenaria del pasado 29 de octubre, nuestra flamante Asamblea Legislativa aprobó un nuevo paquete de impuestos, introdujo una petición para limitar gravemente la libertad de expresión, intentó trastocar la ley del INSAFORP y exhibió una de las más insultantes formas de desinterés que los funcionarios pueden mostrar delante de los ciudadanos: ofrecer argumentos falaces para terminar haciendo lo injustificable.
Me rehúso a creer que los diputados del FMLN o de GANA ignoren las diferencias técnicas que existen entre un impuesto y una “contribución especial”. Sin embargo, para evitar los “engorrosos” trámites de la democracia representativa, estos señores tuvieron que ajustarse al disfraz de ocasión que el gobierno le colocó a la nueva reforma tributaria —¡la cuarta en seis años!—, pasando por encima de la jurisprudencia establecida por la Sala de lo Constitucional en esta materia.
Como en su momento advertimos los críticos del proyecto impositivo ahora consumado, el hecho generador tendría que haberse derivado del beneficio otorgado a los ciudadanos por una actividad especial del Estado, en lugar de provenir de esos servicios que los usuarios de telefonía, internet o televisión le pagamos a empresas privadas. Por ahí, pues, era imposible que pasara el río.
Pero también desde el ángulo del destino propuesto para estos recursos sigue siendo inapropiado hablar de “contribución especial”, pues garantizar la seguridad de los salvadoreños es, ni más ni menos, una obligación estatal. Ninguno de los supuestos beneficios que vamos a obtener por la medida puede considerarse ajeno a las responsabilidades inherentes a la actividad del gobierno. ¿Por qué entonces íbamos los salvadoreños a contribuir de manera especial a que el Estado cumpla con uno de sus fines esenciales o nos proteja derechos que están consagrados en nuestra Constitución?
Aunque todo lo anterior solo demostraría que tenemos legisladores capaces de irrespetar los principios de capacidad económica y equidad tributaria cuando votan por impuestos que afectan a la mayoría de ciudadanos —no se olvide que en El Salvador nueve de cada diez personas tiene al menos un teléfono móvil—, el nulo interés mostrado hasta hoy por los diputados oficialistas para reconocer las enormes deficiencias del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2016 evidencia todavía más su falta de honestidad en el último debate parlamentario.
A quienes desde sus curules nos exigen a los demás que nos “sacrifiquemos” para contribuir a la seguridad debemos también exigirles que se abstengan de, por ejemplo, aprobar la sobrestimación de ingresos por recaudación que el Ministerio de Hacienda ha calculado para el próximo año, así como la inexplicable omisión de casi 230 millones de dólares en concepto de devolución de impuestos. Jugar así con los recursos del Estado, si al mismo tiempo se quita dinero a los contribuyentes para tapar los muy previsibles agujeros fiscales, constituye un embuste descomunal.
A los señores de GANA, adicionalmente, las críticas que les granjea su mal desempeño legislativo —por no hablar de las dudas que surgen a partir de ciertos aumentos patrimoniales— les ha llevado, antes que a enmendar los errores, a amenazar otra vez la libertad de expresión. El “honor” vuelve a ser la excusa de los políticos, como si presentar pruebas de tal calidad estuviera lejos de las posibilidades de quien tiene su conciencia tranquila. Llama la atención, en todo caso, que resurja la penalización de la calumnia y la difamación justo cuando investigaciones periodísticas revelan el asombroso talento de algunos parlamentarios para multiplicar sus ingresos y diversificar sus inversiones.
“La polarización”, señaló Luis Mario Rodríguez en su columna de este domingo, “insensibiliza a los ciudadanos, cobija a los mentirosos y pospone la discusión de las situaciones más complejas de una sociedad”. Y fue eso exactamente lo que vimos en la triste plenaria del 29 de octubre: una pléyade de funcionarios alérgicos a discutir ideas, imponiéndose al resto de la sociedad solo porque tienen el poder de hacerlo.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.