Según un estudio del BID, El Salvador pierde el 11.5 % del PIB debido a la violencia. Estamos hablando, grosso modo, de unos 2,500 millones de dólares anuales.
A los daños directos, hay que sumar un costo nada despreciable de lo que se gasta en seguridad privada, interrupciones laborales, manutención de personas presas, gastos judiciales, etc.
Hay, además, costos morales, que no por ser transparentes a las mediciones monetarias dejan de ser menos onerosos. Me refiero a la decadencia personal de ciudadanos que conviven diariamente con el crimen, el endurecimiento de su sensibilidad para ver semejantes en los demás, la rabia que desemboca en una actitud de “sálvese quién pueda”, cuando las personas se sienten vulnerables pues el Estado es incapaz de proporcionarles protección, etc.
El crimen acarrea también grandes costos políticos: quizá el principal sea el debilitamiento, y en algunos casos la franca desaparición, de la confianza en el sistema democrático por parte de los ciudadanos, que redunda siempre en la erosión del Estado.
Faltaría añadir a la lista, los costos sociales de la actividad criminal. Frente a la inseguridad, quien puede costeárselo, opta por contratar empresas privadas que protejan a los suyos, pagar sofisticados sistema de control, realizar construcciones “seguras” (lejos del “criminal ruido de la calle”), y vivir en guetos privilegiados que les alejan no sólo del peligro, sino también de la posibilidad de poder ver a los ojos a salvadoreños de todas las clases sociales, de que sus hijos convivan con personas necesitadas, y de que puedan tener una idea real del país en el que habitan.
La necesidad de andar siempre alerta, de evitar barrios y calles determinados, de no transitar a partir de ciertas horas del día, de no tener nunca la oportunidad de compartir espacios públicos con los demás, etc. Termina por crear una sensación perenne de inseguridad que, consciente o inconscientemente, termina por mermar significativamente la calidad de vida de las personas, y provocar más problemas de inadaptación social.
Si bien la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es un indicador objetivo de los niveles de violencia en un país; de lo dicho, uno puede deducir que los asesinatos solamente son una parte del costo total del crimen. Habría que añadir las extorsiones, los hurtos, la violencia doméstica, el maltrato por razones de género o de edad, el consumo de drogas, el narcotráfico, etc.
Todos esos factores terminan reflejándose en la economía y en la producción de bienes y servicios. Si el 11.5 % de pérdida económica de El Salvador no le ha parecido al lector suficientemente considerable, copio a continuación, para poder comparar, los costos que la violencia les produce en relación al PIB a otros países: Honduras, 4.6 %, Paraguay, 3.8 %; Uruguay, 2.3 %; Costa Rica, 1.9 %…
Entonces, uno se pregunta: ¿es, verdaderamente, el problema de la violencia responsabilidad de todos? ¿Es la democracia electorera y no representativa capaz de cambiar las cosas? ¿Es posible atajar de la noche a la mañana los costos directos e indirectos de la violencia generalizada?
A esas preguntas se responde simplemente que no. La seguridad es responsabilidad directa del Estado, y más concretamente del Poder Ejecutivo. La democracia, cuanto más representativa, más posibilidades tiene de poner en puestos de gobierno personas capaces de lidiar con la inseguridad ciudadana. Y los costos del crimen para un país… seguirán desangrando a chorros no sólo la economía y el bienestar de los ciudadanos, sino su misma dignidad de seres humanos.
No hay que obnubilarse por la cortina mediática de más o menos, justos o desproporcionados impuestos. El problema, queda dicho, es realmente complejo, y necesita personas verdaderamente capaces de enfrentarlo, para, al menos, ir vislumbrando alguna solución.
* Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare