En las recientes semanas hemos sido partícipes de las intensas discusiones alrededor de un nuevo paquete de impuestos que el Gobierno central propuso y, posteriormente, fue aprobado por la Asamblea Legislativa; el impuesto del 5 % a la factura telefónica y a las empresas que tienen ganancias de más de $500 mil al año tienen como finalidad obtener más recursos para combatir el crimen, tal y como lo han manifestado algunos funcionarios. Al menos para las familias salvadoreñas, el aumento del 5 % al consumo telefónico se suma al aumento a la factura del agua y a lo que ya tributamos en concepto de impuesto sobre la renta (10 % sobre sueldo o renta gravable), impuesto al valor agregado (13 % sobre consumo), impuestos a la gasolina (cinco impuestos que suman alrededor de $0.70 centavos por cada galón de gasolina); además, a nuestro sueldo también le restamos el pago de la cotización al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las tasas que cada municipalidad cobra por la prestación de servicios básicos a la comunidad.
La carga tributaria impuesta a las familias salvadoreñas no es insignificante ni recae solo en personas económicamente acomodadas. Todos pagamos impuestos, y en medio de las discusiones sobre los paquetes fiscales llaman la atención las declaraciones de algunos funcionarios sobre su aprobación. En primer lugar, ellos omiten deliberadamente la opinión y descontento generalizado de la ciudadanía, y además felicitan a la Asamblea por la aprobación de los impuestos, manifestando que “el pueblo es generoso y va a contribuir con la sociedad”. Esta afirmación es cuestionable, ya que los ciudadanos no pagamos los impuestos porque seamos generosos o por placer, sino porque todos estamos sometidos a la ley y es una obligación hacerlo. Pero el descontento no se limita al simple malestar de cualquier persona a que reduzcan su fuente de ingresos con los cuales subsiste; el rechazo a los paquetes tributarios también se debe a la desconfianza de la población sobre el buen uso que se le dará a los fondos recaudados. Es decir, los ciudadanos no tenemos la certeza de que lo que nos cuesta pagar los impuestos (tiempo, trabajo y dinero) rendirá sus frutos y será bien invertido.
Ante el disgusto de la población salvadoreña sobre la carga tributaria impuesta, el argumento de que tributamos menos que los ciudadanos de otros estados no abona a matizar la situación. En otros países probablemente se pagan más impuestos que en El Salvador, pero a cambio se reciben servicios públicos de calidad (salud, educación, seguridad), tienen hospitales equipados, abastecimiento de medicinas, escuelas en buen estado y con los servicios necesarios para que la educación se imparta de forma adecuada; tienen espacios públicos de esparcimiento y con la seguridad necesaria para andar tranquilos. Todas estas cosas no las tenemos en El Salvador. ¿Cómo espera el Gobierno que aceptemos alegremente dar una contribución adicional cuando los resultados no se reflejan con los impuestos que ya pagamos? Y, además, ¿cómo esperan que brindemos más dinero sin cuestionarlos, cuando la primera opción es subir los impuestos y no reducir los gastos innecesarios de la mayoría de instituciones del Estado?
Una cosa está clara y es que los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley y pagar los impuestos que sean aprobados. Sin embargo, esto no se traduce en un cheque en blanco para que el Gobierno haga lo que quiera con los fondos o para encontrarse exentos de control y cuestionamiento de los ciudadanos. Bajo el supuesto que una persona pague sus impuestos sin queja alguna (que no dudo que hay muchos que apoyan como el Gobierno ejecuta sus planes) por reciprocidad esta loable acción debería ser recompensada con la recepción de prestaciones estatales de calidad, donde se evidencie que a los impuestos se les da el uso natural para los que fueron creados. El cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene como finalidad última colaborar con el Estado para su propia subsistencia, pero esto conlleva a esperar que los ingresos recaudados serán eficientemente invertidos. No dudo de la generosidad de la mayoría del pueblo salvadoreño, pero todos esperamos que ésta sea agradecida por los administradores del Estado con un uso adecuado de los aportes tributarios y con la presentación de resultados sobre el uso de los mismos.
*Columnista de El Diario de Hoy.