La semana pasada escribí sobre lo difícil que resulta la gestión y sostenimiento del equilibrio de la hacienda pública, una tarea nada fácil. Expuse la experiencia en el manejo de las finanzas públicas de un país económicamente estable como Suiza. En esta oportunidad, para contrastar, expongo lo que no se debe hacer en materia hacendaria.
Es importante conocer cómo se puede arruinar uno de los países más ricos de América Latina, mientras éste país disfruta del contexto más favorable de sus exportaciones en toda su historia. En 1947 Venezuela llego a ser el país latinoamericano más rico, con un crecimiento vertiginoso. Pero a partir de 1978, bajo la gestión de malos gobiernos, se revirtió la tendencia, con ciclos de contracción que parecen no tener fin.
Actualmente, Venezuela esta una vez más en crisis, con inflación arriba del 70%, en recesión, empleo de calidad en 5%, pobreza, desabastecimiento e inseguridad; todo esto, pese a que el precio del petróleo se multiplico por siete y el precio del barril llego a superar los US$100. El petróleo proporciona más del 90% de las divisas y financia buena parte del presupuesto, proyectando que el precio del petróleo se mantendría en US$60. Sin embargo, éste ha caído hasta US$40, empeorando la situación.
Para comprender cómo funcionan las finanzas del Estado, es de observar que, durante las campañas electorales se prometen regalos, beneficios, ayudas, atender reivindicaciones, en fin, mejorar al pueblo. Cuando los políticos asumen el gobierno, si son populistas, continúan como en campaña permanente, incrementando el gasto público con el objetivo de mantener popularidad y obtener votos en la próxima elección.
A lo largo de los años observamos cómo la participación del Estado en la economía venezolana creció de 8% en 1914 a 40% hoy; mientras se multiplican ministerios y dependencias. Hasta lo inverosímil, como el Viceministerio Supremo de la Felicidad.
En 2014, el gobierno venezolano aumentó el gasto público en 79%, hasta 832,000 millones de bolívares, gracias a la gigantesca suma de dinero que recibe de los numerosos impuestos, multas, explotación de recursos como petróleo, oro y hierro, regalías en medios de comunicación.
Con ese dinero la gestión gubernamental debería mejorar salud, educación, inflación, justicia, seguridad e infraestructura. Y es precisamente lo contrario, afectando además a la ciudadanía con carencias en medicamentos, apagones, inseguridad por delincuencia generalizada, baja calidad de la educación, entre otros.
Por lo general, en los países, los congresos son los que aprueban cómo se gasta el dinero. En Venezuela no hay acceso a la información de cómo y en qué se gastan los dineros públicos. Existe poca información pública disponible, la mayoría es reservada.
Se estima que el 90% de ese dinero termina siendo manejado y distribuido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y su administración se califica de discrecional y arbitraria, con el agravante de que este método no ha resuelto ninguno de los problemas sociales.
El gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa pero le pasa la factura al pueblo en la forma de mayores impuestos e inflación, la que llegó a niveles récord, superando el 70% anual.
En este esquema, el Estado proyecta una gran ficción, con la cual todo el mundo cree que puede vivir a costa de los demás.
En Venezuela los trabajadores dedican cinco meses de trabajo al año para pagar impuestos. Y el gobierno de Maduro no admite esta realidad como un problema; sino, acusa a empresarios, a gobiernos extranjeros, al capitalismo, al imperialismo. Con la estatización de 1,600 empresas, ese gobierno recibió menos impuestos y además, destina dinero cada año para el salvataje de empresas públicas ineficientes.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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