Recientemente, el FMLN celebró su congreso nacional. Extractos de los documentos resultantes del cónclave fueron difundidos por periódicos nacionales y usuarios de las redes sociales. El contenido está repleto de premisas obsoletas empleadas por la izquierda radical durante la guerra fría y, en consecuencia, ha despertado críticas y preocupaciones entre los que advierten que el oficialismo está empecinado en instaurar un sistema político y económico fracasado. Según críticos y analistas políticos, el mundo está repleto de ejemplos que ilustran cómo modelos similares al que esboza lo plasmado en el documento, no fueron exitosos y, peor aún, deterioraron las condiciones de los países en los que operaron. Sin embargo, el objetivo de este artículo no es analizar si ese sistema al que le apunta el oficialismo, es mejor o no, sino evaluar el efecto que tendrá sobre la seguridad pública la forma en que el FMLN pretende propiciar ese cambio.
Hace algunos meses, después de las elecciones para diputados y alcaldes, señalé en este mismo espacio, que el país entraría en una etapa de “hibernación electoral” en la que el oficialismo revelaría su verdadera cara. Argumenté que, habiendo pasado la campaña, el FMLN se quitaría la máscara que ocupó para ganar adeptos (la que acostumbran lucir todos los políticos en períodos electorales) y develaría su verdadero interés o desinterés en resolver las crisis heredadas por su primer gobierno.
Expliqué que el oficialismo controla casi todo el aparato estatal y que, por lo tanto, la forma en que decidiera enfrentar las situaciones críticas que aquejan al país, dictaría el ritmo, la intensidad y dirección de los esfuerzos del Estado. Señalé que el nombramiento de funcionarios por afinidad política e ideológica en las instituciones encargadas de la seguridad pública y el creciente número de “enfrentamientos” entre policías y pandilleros (muchos con evidentes señales de manipulación en las escenas), eran indicios que el aparato de seguridad se convertiría en un instrumento político del oficialismo.
Los extractos de las líneas de trabajo giradas en el Congreso del FMLN son consistentes con esa lectura. Ahora que no existen peligros y consecuencias inminentes por hablar de forma tan franca sobre sus ideas radicales, ya que no se avecinan elecciones, el oficialismo reveló que antes de cualquier crisis o problema ciudadano, están sus intereses políticos e ideológicos, muy alejados de los de la sociedad. Está claro que resolver el problema de inseguridad no está en la lista de prioridades del FMLN o, por lo menos, no figura entre las primeras.
La profundidad de la crisis en seguridad no tiene precedentes. El problema es grave y complejo. El gobierno no podrá resolverlo sin un amplio apoyo ciudadano. Sin embargo, funcionarios y dirigentes partidarios de izquierda se han empeñado en adoptar discursos y posiciones conflictivas, algunas dirigidas en contra de sectores clave que deberían de ser socios estratégicos para controlar la ola delictual.
Queda claro que la forma en la que el FMLN pretende imponer su sistema económico-social será traumático para el país, ya que implicará la instrumentalización de todo el aparato estatal para la consecución de ese objetivo. La fuerza pública es uno de los ejes principales. Tenerla bajo control total que permita utilizarla para fines políticos es importante en este tipo de escenario, como lo demuestra la designación inamovible de Benito Lara y su equipo de trabajo, cuya afinidad y lealtad partidaria le asegura su puesto, a pesar de haber llevado al país a que ostentara el deshonroso título de nación más peligrosa del mundo.
El FMLN, por tanto, ha escogido no cambiar el sistema a través del buen desempeño en la gestión pública, sino empleando las tretas y tácticas utilizadas por los regímenes totalitarios de izquierda radical que venera. Esos mismos que la historia demuestra llevaron a sus países a tocar fondo.
*Criminólogo.
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