En su libro sobre la revolución, la filósofa Hannah Arendt advierte que el poder absoluto se convierte en despotismo una vez ha perdido conexión con un poder mayor. La historia demuestra en ciertos casos cómo la narrativa de una “revolución”, que supone entregar el poder al pueblo, olvida su causa inicial y sirve de excusa para atropellar los derechos más básicos de las personas. No se trata de derechas o de izquierdas; de hecho, el primer ejemplo a destacar proviene de los regímenes militares en El Salvador.
El Salvador tuvo una revolución en 1948. Al menos, esa fue la narrativa que planteó la élite política de aquel entonces. El Monumento a la Revolución en San Salvador –conocido popularmente como “El Chulón”, por tratarse de un hombre desnudo– corresponde a este período. La “Revolución del 48” fue un movimiento militar que derrocó al poder de turno y que derivó en el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), que postuló a los dos militares que presidieron el país en los años cincuenta.
El PRUD trató de importar el modelo del Partido Revolucionario Institucional de México. En 1950 se aprobó una Constitución que insertó, por primera vez, una gama de derechos sociales –llamados también “de segunda generación”– y el sufragio universal para las mujeres. Pese a estos y otros avances, principalmente en materia social y financiados por un repunte en los mercados del café y del algodón, la narrativa revolucionaria nunca se tradujo en un verdadero proceso democratizador. Uno de los principales déficits fue establecer un sistema electoral que favorecía al partido en el gobierno. Precisamente, después de los golpes de 1960 y 1961, la primera reforma política ocurrió en 1963 cuando se abrió la representación legislativa a los partidos de oposición a través del sistema proporcional, que aún sigue vigente. Se trató entonces de una mera narrativa revolucionaria con enfoque social y autoritarismo… ¿suena familiar?
En pleno 2015, algunos afirman que hay una revolución en Venezuela. Durante la primera década del Siglo XXI, el alza en los precios del petróleo permitió al gobierno venezolano financiar numerosos programas sociales que redujeron la pobreza de forma significativa. Pasada la bonanza, la historia demostró una vez más la insostenibilidad de un modelo económico basado en el sabotaje a la iniciativa privada. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza y la indigencia han crecido en los últimos cinco años a niveles superiores a los de inicios de la década de los noventa, cuando la crisis socioeconómica abrió camino a un militar golpista que luego se convertiría en el comandante de dicha revolución. Asimismo, pasada la bonanza, las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se efectuarán a través de un sistema electoral matemáticamente tramposo y en medio de diversos ataques a la oposición, ya sea mediante el encarcelamiento de sus líderes o de las amenazas del presidente actual, quien ya prometió una “unión cívico militar” en caso de perder los comicios.
En El Salvador de 2015 también hay otra narrativa revolucionaria. El partido en el gobierno, autodenominado como “democrático, revolucionario y socialista” y cuya marcha termina con el eslogan “¡revolución o muerte, venceremos!”, acaba de realizar un congreso en el que concluyó que su socialismo integra el modelo de “empresa de economía mixta”. Su empresa Alba Petróleos de El Salvador está formada con capital público –tanto de Venezuela como de El Salvador– y financia no solo las empresas y las campañas electorales de los dirigentes del partido, sino al ministro de Economía encargado de regular el mercado de hidrocarburos. Y mientras estos gobernantes elevan la bandera del socialismo, reducen en varios millones el presupuesto en educación para el año siguiente.
Por tales contradicciones, ese tipo de narrativas no duran indefinidamente y el peso de la historia las derrumba tarde o temprano. Eso sí, entre más tarde se despierta, mayores son los costos.
*Colaborador de El Diario de Hoy. @guillermo_mc_