Ladrones. Eso es lo que eran los personajes del famoso cuento que forma parte de la saga de historias de ficción contenidas en el libro “Las mil y una noches”. De acuerdo con la fantástica narración, Alí Babá era un pobre leñador persa, que fue testigo de la visita de una banda de cuarenta ladrones al escondite de su tesoro en el bosque en el que cortaba madera. El tesoro de los ladrones estaba en una cueva cuya boca queda sellada mágicamente. Cuando los ladrones se marchan, Alí Babá entra en la cueva y se lleva parte del tesoro a casa.
Algo así sucedió en El Salvador con la Reforma Agraria, solo que lo que se llevaron no fue un mítico tesoro, si no las tierras productivas del país, las cuales, en el mejor de los casos, fueron valuadas por el Estado a precio de “ganga” para ser entregadas a unas no tan míticas cooperativas.
La idea misma de toda Reforma Agraria no solo es lograr la transferencia de la propiedad de la tierra en sí, si no hacer realidad el sueño de proporcionar a los grupos rurales acceso a salarios e ingresos “dignos”, crédito agropecuario, asistencia técnica, canales de comercialización, así como otros servicios y recursos necesarios, todo lo cual se pretendió llevar a cabo en El Salvador, asignado la propiedad de la tierra a minifundios, pero principalmente privilegiando grandes cooperativas campesinas, las cuales vivirían bajo el concepto de “explotación de bienes colectivos”.
De acuerdo al Decreto No. 153, el valor de las haciendas expropiadas constituían la “deuda de la reforma agraria”, la cual debería ser pagada por las cooperativas, las cuales, al menos en teoría, habían sido conceptualizadas como “empresas agrícolas viables, autosuficientes y participativas”. No obstante tan optimistas visiones gubernamentales que tan bien sonaban en el papel en el que estaban escritas, durante el período de mayo a octubre de 1983, el equipo de Inspección General de la Reforma Agraria, visitó y efectuó una auditoría sobre 16 cooperativas de la “Fase I”, escogidas al azar, sobre una muestra de 35, encontrando que no solo no eran financieramente viables, sino que reportaban deudas masivas de capital, subutilización del mismo, abandono de tierras productivas, exceso de mano de obra que provocaba que se laborara solamente 2 o 3 días máximo a la semana, agravado todo con una muy mala y errática administración.
Para marzo de 1983, la mayoría de cooperativas de la “Fase I” no habían pagado sus intereses sobre las deudas contraídas en la primavera de 1980. De acuerdo al MAG, solo 9 de 51 cooperativas “podrían resultar financieramente viables”, concluyendo que el resto “nunca serían viables tal como se encuentran actualmente estructuradas”.
La tierra expropiada y entregada en la piñata en que se convirtió la Reforma Agraria, sería pagada a los propietarios de la siguiente forma: cuando la propiedad fuere de menos de 100 hectáreas, con el 50 % en efectivo y 50 % en “bonos de la reforma agraria”, pagaderos con vencimientos de 20 a 30 años. Los propietarios de tierras expropiadas de mayor extensión, solo serían pagados con bonos. El valor de la tierra se tasó al “valor declarado para efectos fiscales”, es decir, a un valor muy, pero muy debajo de su real valor comercial. A largo plazo, muy pocos de esos propietarios expropiados fueron realmente compensados.
Los latifundios eran altamente productivos, ya que permitían la inversión en tecnología y explotación a gran escala, versus el concepto de minifundio el cual, por su tamaño, por su carencia de tecnología y por su baja o nula rentabilidad, así como por su falta de acceso a crédito, los hacía muy poco rentables, generando con ello el inicio de lo que posteriormente se conoció como “la crisis del agro en El Salvador”, sin que nadie, extrañamente, la haya vinculado con la Reforma Agraria que se llevó a cabo en el país.
Las “parcelas” entregadas a los campesinos, no eran -–ni son– autosostenibles por no generar la producción suficiente y necesaria para contribuir de forma importante, no solo con el sostenimiento de la familia campesina, sino con el aporte a la economía del país. Por ello, debido a que el campesino no podía mantener a su familia directamente de lo cultivado, buscaba completar su ingreso como asalariado, lo cual lo forzó poco a poco a migrar del campo, generando un círculo vicioso de abandono de la agricultura para incorporarse al sector obrero.
La Reforma Agraria fue un proceso lleno de corrupción y muy poco transparente, el cual perjudicó no solo a los propietarios de la tierra que fueron “pagados” con “papeles sin valor” a precios muy por debajo de su precio real, si no que también constituyó un golpe mortal al futuro de los campesinos salvadoreños así como a la “soberanía alimentaria” de nuestro país, tan ansiada por sectores de izquierda. Si Scheherezade viviera hoy, le contaríamos el cuento de “Ali Babá y los cuarenta cooperativistas”, pero en vez de suspirar, lloraría.
*Abogado, Master en Leyes.
@MaxMojica