Hoy sí, sálvese quien pueda, porque el gobierno no tiene pisto y está desesperado, aunque dispone de más de $900 millones en préstamos, por los que paga altos intereses por no usarlos, pues únicamente ha ejecutado $160 millones. La razón es que estos préstamos, procedentes de organismos internacionales y países cooperantes, han sido otorgados bajo la condición de que deberán usarse únicamente para el destino para el que se otorgaron: salud, educación, seguridad, agricultura, medio ambiente y otras necesidades urgentes, y el gobierno no puede usar a discreción.
Y al ministro Cáceres le urge pisto contante y sonante para que el FMLN pueda seguir manteniendo cientos de nuevas plazas, continuar con viajes de turismo, apetitosas comidas, viáticos, bonos millonarios y el insaciable gasto de Casa Presidencial. Gastos desorbitados que se tragaron los $80 millones resultantes del impuesto a las operaciones bancarias, destinado originalmente para Educación, que solo recibió $9 millones.
Al momento presente, la única fuente de recursos es más impuestos o contribuciones especiales, para seguir exprimiendo la ya exigua bolsa de los salvadoreños. Un 10% a las telecomunicaciones, que además de frenar el avance tecnológico y la educación, será una doble tributación sobre las facturas telefónicas, que ya pagan el 13% del IVA. Un 36.7% de la población más pobre sería afectado con el impuesto por usar el celular, importante vía de comunicación, que recargan con $1 y $2, aunque un diputado rojo asegura que “el celular no es artículo de primera necesidad”.
Pero independientemente de lo que todos opinemos, ya el Presidente Sánchez Cerén advirtió que para este impuesto, no hay marcha atrás. Está consciente de que la población no puede evitarlo, porque aunque se rechace masivamente, con argumentos sólidos y válidos de prestigiosos especialistas en temas constitucionales, tributarios y de economía, en artículos de opinión en los periódicos o en protestas populares, todavía el pueblo carece de voz, y en la Asamblea, el Frente tiene asegurados los votos del FMLN y los tránsfugas de GANA.
El otro paquete de plata es el Plan Cáceres para apropiarse de un plumazo de los ahorros de los pensionados, presentado en tres etapas, cada una más voraz que la anterior. Toma los $4,000 millones de ahorros privados y al mismo tiempo salda la deuda millonaria del Estado con las AFP. Los jubilados pagarán impuesto por sus pensiones. Disminuye las pensiones de más de 100 mil trabajadores, los cotizantes “optados” que pasaron del ISSS a las AFP.
Ninguno de sus planes considera opciones más beneficiosas para todos, como que el Estado cumpliera con la resolución de la Sala de lo Constitucional, de pagar por los CIP un interés de mercado, o se permitiera a las AFP colocar sus fondos en el exterior, ya que de acuerdo a la ley vigente, solo pueden invertir el 10%.
La sensata propuesta de ANEP, excelentemente acogida en la población, de disminuir el gasto excesivo del gobierno contempla: Reducir el presupuesto de CAPRES, actualmente de $133 millones. Frenar el consumo del gobierno, congelando la compra de bienes y servicios y aumento de plazas y salarios. Revisar las partidas de la Asamblea y el Órgano Judicial, no ha sido bien recibida por el gobierno, pues Hato Hasbún no la considera como propuesta, sino como una simple crítica.
Estas serias amenazas exigen un grito unánime de BASTA YA, de un pueblo que ya ha aguantado bastante, y está consciente de que él es el soberano, que eligió a los funcionarios públicos para estar a su servicio y ganarse sus sueldos trabajando por el bien común.
*Columnista de El Diario de Hoy.