Cada año, los salvadoreños somos observadores de la presentación que hace el Ministro de Hacienda del presupuesto de ingresos y egresos del Estado a la Asamblea Legislativa, en el cual se realiza un estimado de las finanzas públicas para el próximo año; el Órgano Legislativo tiene el deber de analizar dicho presupuesto y aprobarlo con el voto favorable de la mayoría de los diputados conforme al ordinal 8° del artículo 131 de la Constitución. El presupuesto proyectado para el año 2016 prevé un ingreso de 4,860.8 millones de dólares, con un egreso estimado de 4,860.8 millones de dólares. Al menos en apariencia, con la entrega del detalle (mínimo) del presupuesto general, los encargados de la dirección de las finanzas públicas cumplen con la obligación de conservar el equilibrio presupuestario.
Sin embargo, la experiencia de años pasados ha dejado en ilusión la garantía de distribución eficiente de los recursos del Estado en la implementación de políticas públicas, pues a medida avanzan los meses el país se enfrenta con un presupuesto desfinanciado, la necesidad de implementar nuevos impuestos, emitir deuda y adquirir préstamos, entre otras medidas paleativas. Las deficiencias del presupuesto general de la nación yacen en su elaboración y se complican en la ejecución del mismo. El Ministerio de Hacienda no ha cumplido a cabalidad los principios presupuestarios de especialidad, publicidad y transparencia al momento de preparar la ley del presupuesto.
Como lo ha establecido la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, el principio de especialidad presupuestaria establece que la autorización legislativa dada a la ley de presupuesto se realiza para cada crédito, con la finalidad que sea posible el control del destino específico de los gastos predeterminados. La ley de presupuesto debe especificar la cantidad, finalidad y entidad que debe realizar los gastos públicos en sus aspectos cuantitativo (cuánto dinero dispone) y cualitativo (el fin específico para el cual está destinado). Por otra parte, bajo el principio de transparencia presupuestaria, es deber de cada uno de los funcionarios rendir cuentas sobre la administración y destino de los fondos públicos; lo anterior, con la finalidad de prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino del dinero del Estado. Por último, la publicidad presupuestaria debe garantizar que las cuentas del presupuesto puedan verificarse en su ejecución, transferencia y destino por parte de cualquier ciudadano que lo requiera.
Además del cumplimiento de los principios presupuestarios que derivan de la Constitución, en la búsqueda de soluciones al déficit fiscal podríamos enumerar varias medidas tendentes a aumentar la recaudación de fondos; como primera opción, las acciones de todos los dirigentes de los órganos fundamentales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) e instituciones estatales deberían estar orientadas a la reducción del gasto público innecesario. Hay muchas cosas de las que el presupuesto general de la nación puede prescindir, tales como los gastos en viajes, viáticos, seguro médico, alimentación, carros nuevos, bonos, telefonía, entre muchos más. ¿Hay viajes imprescindibles para el manejo de asuntos estatales? Sí, pero deberían realizarse en clase económica y con el mínimo de viáticos; ¿hay reuniones que se hacen en horas de almuerzo o cena? implementen la política de la lonchera, que cada quién lleve sus alimentos a la reunión; ¿hay que incentivar a los empleados y respetar los derechos de los trabajadores? establezcan un sistema de incentivo proporcional a la eficiencia y mérito de cada trabajador y eliminen las plazas subutilizadas, rezago de viejas administraciones o creadas actualmente para insertar personas afines a partidos políticos. Así, los ciudadanos a los que día a día nos toca mover piezas para administrar nuestro presupuesto personal podríamos encontrar una solución a cada excusa presentada y volver eficiente el gasto público.
Para encontrar una salida al problema financiero de El Salvador se necesita voluntad de los encargados de tomar decisiones y orientar estas a una política de austeridad en todas las instituciones y rubros; además, debe entregarse la dirección de oficinas claves a personas con formación en materia económica, financiera y fiscal, que sean capaces de tomar las mejores decisiones. Sacar adelante al país requiere de la colaboración de todos los salvadoreños, y los primeros en dar el ejemplo deben ser los funcionarios que implementan las políticas fiscales.
*Columnista de El Diario de Hoy.