La corrupción mata porque el desperdicio de recursos públicos, a favor de intereses personales del funcionario o empleado abusador, es un costo de oportunidad para salvar vidas humanas. Estudios demuestran que los países con mayores controles a la corrupción tienen menores tasas de mortalidad infantil (Kaufmann, 2000). Asimismo, la evidencia sostiene que la corrupción menoscaba las oportunidades de desarrollo al desincentivar la inversión extranjera directa (Wei, 1997), además de afectar el crecimiento económico (Ugur y Dasgupta, 2011).
La corrupción no tiene color y basta con revisar las anomalías en las últimas presidencias salvadoreñas. No es normal que un presidente reciba cheques millonarios a título personal y del embajador de un país extranjero (caso Taiwán). No es normal que otro presidente termine con un patrimonio multiplicado por casi el 260% (más de $10 millones adicionales) luego de incrementar el gasto en publicidad y por tanto elevar las utilidades de su grupo radial (caso Samix). No es normal que un tercer presidente termine con un patrimonio empobrecido, pese a una millonaria donación que recibió sin pagar impuestos (caso Salume) y a su suntuosa residencia patrocinada por un contratista millonario del Estado (caso Mecafé). Pero lo más anormal es que solo el primer caso se encuentre en juicio, aunque también con sus anomalías. Acá entran los cómplices.
La corrupción tiene cómplices porque callan quienes tienen la obligación de combatirla. La movilización social en Guatemala se explica con la participación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y del Ministerio Público en identificar una estructura criminal que evadió controles aduaneros; mientras que en Honduras se explica con el trabajo del fiscal que investigó contrataciones oscuras en el Seguro Social con empresas que financiaron campañas electorales. Por su parte, en El Salvador, existe una Fiscalía General de la República cuyo titular parece más preocupado por su reelección que por perseguir la corrupción. ¿Cuánto se habría invertido en policías, hospitales y escuelas con los cuantiosos montos contratados ilegalmente en publicidad por la administración pasada (caso Polistepeque), por ejemplo? Eso no parece quitarle el sueño al actual fiscal.
Los otros cómplices que callan, pese a su responsabilidad en un país necesitado de recursos públicos, son miles de ciudadanos que caen en dos vicios recurrentes. El primero es la indiferencia, nutrida por la desinformación, el conformismo o la desesperanza. El segundo es la polarización, que explica cómo la búsqueda de la verdad y la justicia es superada por el fanatismo partidario contra el “comunismo” o la “oligarquía”. Sobre este último vicio se refirió el ensayista venezolano Uslar Pietri, en su obra titulada “¿Qué nos importa la Guerra de Troya?”, de la siguiente manera: “El hombre no puede reducirse solo a un proyecto abstracto por realizar, para llegar a convertirse en hormiga de un hormiguero ejemplar”.
América Latina ha dejado de ser ese hormiguero en varios países. Pero en El Salvador, cuestionar a un presidente o a otros funcionarios –incluidos varios diputados– todavía provoca las descalificaciones de quienes no ven más allá de su proyecto partidario; prestándose así al juego de blancos y negros o de los buenos contra los malos. Esos son los peores cómplices de una corrupción que mata; personas que por su fidelidad al hormiguero de la polarización toleran los abusos de cierto bando. Esas son las hormigas asesinas.
P. S. ¡Grande Guatemala! A diferencia de ustedes, el problema en nuestro país no es la inmunidad, sino la inoperancia manifiesta de un fiscal que no merece un segundo período. Por ahí habrá que comenzar.
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