Suele decirse que las crisis son una oportunidad. A veces también son una oportunidad para aumentar tributos.
Los tributos son una obligación a cargo de los contribuyentes y a favor del Estado. Son el precio de vivir bajo una autoridad.
Ese dinero, que los ciudadanos han ganado por su esfuerzo y que ahora deben pagar en concepto de tributos, se le entrega finalmente a un grupo de políticos y burócratas. Y es que el Estado no es una persona concreta, caracterizada por su sabiduría y bondad. El Estado, al final, son los políticos y burócratas que lo administran. Ellos administran el dinero que los ciudadanos pagan como tributos.
¿Y por qué existe la obligación de tributar? ¿Por qué los ciudadanos -–e incluso quienes no lo son-– deben entregar parte de su dinero a esos políticos y burócratas? Porque estos tienen a su vez obligaciones que cumplir respecto al ciudadano. Y para cumplirlas necesitan dinero.
El Estado debe proveer servicios de educación (art. 53 Cn.), de salud (art. 67 Cn.), administrar justicia (art. 172 Cn.), y garantizar la seguridad material de las personas y sus bienes (art. 2 y 159 Cn.), entre otras obligaciones. Y hacer todo ello tiene un costo. No son servicios gratuitos. Los pagan los contribuyentes con sus tributos.
Por ello es que el pago de tributos es justificado. Si no hubieran obligaciones a cargo del Estado y a favor de los ciudadanos, los tributos serían la manifestación de un régimen de servidumbre, no de ciudadanía.
Pueden ocurrir situaciones en que ocurra un deterioro en la prestación de los servicios de educación y salud pública, corrupción en el sistema de administración de justicia, o una crisis de violencia e inseguridad pública. Ante ello, para mantener o incrementar su calidad de vida, los ciudadanos tienen que pagar servicios privados de educación, de salud, de justicia -–e.g. arbitraje– o de seguridad. De manera que la carga tributaria que soportan les sirve para poco o nada, y además deben soportar una carga económica adicional para poder satisfacer sus necesidades básicas.
Ante situaciones así vienen los reclamos ciudadanos. Y la respuesta que suele venir de algunos políticos es que para superar esas deficiencias es necesario que se les entreguen más recursos. De ahí vienen mociones para aumentar el presupuesto de los ministerios de educación, salud, seguridad, crear instituciones nuevas, etc. Y para cumplir esa loable misión, luego vienen las iniciativas de incrementar tributos actuales, crear nuevos (un impuesto a la seguridad, por ejemplo), o incrementar tributos futuros mediante endeudamiento.
Sí. Las crisis son una excelente oportunidad para los políticos para aumentar lo tributos, y obtener más dinero de los ciudadanos. Por eso los ciudadanos deben ser prudentes y analíticos ante las voces que pretenden solucionar los problemas con tributos.
¿Esos pocos recursos que dice tener el político (que a veces no son tan pocos) son administrados eficientemente? ¿Qué garantiza que quien no es eficiente en la administración de lo poco (que a veces no es tan poco) lo será en la administración de lo mucho? ¿Qué pretenden hacer con el dinero adicional que piden? ¿Ofrecen también un plan concreto con objetivos, acciones e indicadores de evaluación de resultados? ¿Presentan garantías de que si se incumplen los resultados esperados, se le quitarán los recursos a esa autoridad y se reducirá la carga tributaria de los ciudadanos?
Los problemas no se solucionan tirándoles dinero a ciegas. A algunos puede convenir esa solución, pero, definitivamente, no a los ciudadanos. Y estos no solo sufren las consecuencias de los malos servicios de salud, educación, justicia y seguridad, los ciudadanos son también quienes pagan las cuentas.
*Colaborador de El Diario de Hoy. dolmedo@espinolaw.com @dolmedosanchez