Desde la distancia, El Salvador desconsuela y entristece. Las noticias giran alrededor del dolor y el luto cotidianos que sufren las familias salvadoreñas, a raíz de la escalada de violencia. Leo artículos de revistas reconocidas alrededor del mundo con frases como las siguientes: “…uno de los países más violentos del mundo” (The Guardian); “El Salvador se ha convertido en el país más mortífero del mundo en tiempos de paz” (International Business Times).
Esta realidad, que no podemos negar, nos recuerda que no hemos logrado asegurar la realización del derecho fundamental a la vida. La ausencia de una visión compartida de país, la existencia de instituciones débiles, la falta de priorización y efectividad de las políticas públicas y el manejo poco eficiente de los recursos del Estado, se traduce en altos costos sociales para la población. La violencia es uno de esos costos. Esto nos ha hecho tambalear en la ruta hacia el desarrollo: un paso para adelante y luego tres para atrás.
Estoy hablando de los últimos 23 años, cuando se dio el banderillazo de salida de una oportunidad para construir la democracia y encauzarnos en el desarrollo sostenible, para lograr la cohesión social y el progreso humano de nuestra sociedad. Nunca nos imaginamos que pasaríamos todos estos años, aserruchando y sangrando el país en mitad.
¿Qué ha pasado?, le pregunto a los impulsores de los acuerdos de paz. ¿Qué ha pasado desde aquel momento histórico en el que se demostró el anhelo genuino por la paz y la justicia social? Fue un momento esperanzador para una sociedad que, además de sufrir los abates de la guerra civil, fue relegada al papel de un simple espectador de la negociación de la paz. ¿Será que se ha dado una extenuación de los acuerdos? ¿Será que ahora corresponden los “Acuerdos para el Desarrollo y la Justicia Social” en donde la sociedad civil sea una de las principales fuerzas promotoras?
Pero mi pregunta va más bien a los líderes políticos y tomadores de decisión en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito privado. ¿No creen qué es hora de sopesar el interés individual o de un grupo en particular contra el interés común de la sociedad? Si queremos tener una situación de ganancia para todos, la gema la encontraremos en las personas, en sus capacidades de convertirse en sujetos activos de desarrollo y transformadores de la realidad actual.
Se han dado pasos positivos pero aún tímidos. La “Declaratoria Conjunta de Ataco-Interpartidaria” es un buen ejemplo. El hecho de que los partidos se sienten en una misma mesa e identifiquen y suscriban puntos de acuerdo en temas tan centrales y actuales como la seguridad y la necesidad del diálogo parece prometedor. Pero será contraproducente a los ojos de la ciudadanía si el único resultado es la petición a la Asamblea Legislativa de exhortar a la Sala de lo Constitucional para que acelere la resolución del caso de los $900 millones, relacionados a la colocación de bonos y contratación de préstamos.
Por otro lado, el acuerdo entre partidos es un planteamiento demasiado general que deja por fuera temas críticos relativos a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo local, que son los rubros en los que mayor poder de incidencia tiene la ciudadanía.
El reto ineludible consiste en instalar una mesa de diálogo permanente. La clase política necesita demostrar su madurez y su verdadero compromiso, no sólo por alcanzar acuerdos concretos sino también por incorporar a los distintos representantes de la sociedad civil, a los gobiernos municipales y a otros actores relevantes.
Creo que ya es hora de abandonar el cínico efecto lampedusiano, la paradoja de El Gatopardo: de “cambiar algo para que nada cambie”. Es hora de que dejemos atrás la época de los “parches” y adoptemos una visión estratégica global para entrar en la modernidad, con posibilidades de éxito para el país y sus ciudadanos.
*Columnista. Investigadora invitada, Universidad de Harvard.