FUSADES inauguró el “centro de debates” planteando la conveniencia o no del establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Lo hizo convencida de que los problemas nacionales necesitan discutirse en condiciones adecuadas, fuera del ámbito partidario y descontaminadas de la visión ideológica que caracteriza el enfrentamiento cotidiano entre las fuerzas políticas y entre éstas y las organizaciones gremiales, el gobierno y los sindicatos.
Son muchas las excusas que se citan cuando alguien intenta explicar los motivos por los cuales no debatimos. La polarización es la razón que más sobresale. Ciertamente algunos estudios ubican a El Salvador como el Estado más polarizado en América Latina. Bajo esa premisa, hay quienes sostienen que la confrontación de ideas en nuestro caso encuentra caminos muy estrechos y empedrados debido al temor de los ciudadanos a ser “etiquetados” por defender una u otra postura respecto de las principales temáticas que perjudican a la Nación. Esta realidad beneficia a los que, en el sector público y en el privado, carecen de argumentos para explicar las causas que los impulsan a consentir o a rechazar las acciones de uno u otro sector para mitigar ansiedades ciudadanas.
Así, la polémica que causan tópicos como el endeudamiento público, la inseguridad ciudadana, el desempleo, los impuestos, las pensiones, entre otros, deriva en disputas que se alejan por completo de las explicaciones técnicas y de sus soluciones y terminan desviándose en discursos políticos, en lucha de clases y, en general, en atribuciones recíprocas de culpas. Lo peor es que no se abordan, ni siquiera mínimamente y de manera seria, las consecuencias que resultarán de no encontrarse con prontitud el remedio adecuado a dichas materias.
Mientras distintos analistas y organizaciones civiles afirman que el gobierno posee los recursos necesarios para atender el problema de las pandillas y que su mayor dificultad es la ineficiencia en la ejecución del presupuesto asignado, este último introduce un impuesto a la telefonía orientado a sufragar los gastos de seguridad, sin dar explicaciones sobre lo consignado por quienes han escudriñado las cuentas financieras del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la PNC y de la Dirección de Centros Penales.
Por otra parte se señala que la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada por el Ministerio de Hacienda afectará las cuentas individuales de cientos de miles de ahorrantes. El titular de las finanzas públicas y los voceros del Ejecutivo argumentan todo lo contrario. Aseguran que la iniciativa ampliará el número de adultos mayores beneficiados con una pensión solidaria, garantizará el pago de una pensión mínima a otro tanto y resolverá buena parte del problema fiscal.
El otro tema que está sobre la mesa es el de la instauración de una CICIES similar a la que se constituyó en Guatemala en 2007 y que contribuyó con el Ministerio Público a la investigación y procesamiento judicial del presidente y de la vicepresidenta de la República. También aquí encontramos “blancos y negros”. Algunos aceptan este tipo de instancias siempre y cuando se adecúe al orden constitucional, se someta a las instituciones nacionales, principalmente a la Fiscalía General de la República y se establezca un mandato claro, un plazo de existencia y una entidad que la supervise y evite excesos y arbitrariedades de su parte. Otros, principalmente el Ejecutivo y el partido de gobierno, manifiestan que se cuenta con la institucionalidad necesaria, desde el acuerdo de paz, y que por tanto no deben aceptarse intromisiones extranjeras ni extrapolar lo sucedido en Guatemala porque sus circunstancias políticas y de combate a la corrupción y a la impunidad son muy diferentes a las nuestras.
Los tres asuntos, el presupuesto de seguridad, la reforma de pensiones y el establecimiento de una CICIES, son algunos de los ejemplos que confirman la urgente necesidad de fortalecer la cultura de debate entre los salvadoreños.
Los liderazgos se reafirman cuando se encaran frontalmente las distintas perspectivas sobre las cuestiones que interesan a los habitantes. Quienes actúan haciendo lo contrario, esto es, evadiendo el reto que impone dialogar cara a cara, le niegan a la sociedad el derecho de acceder a valiosa información y evitan que los afectados reaccionen, se organicen y protesten para impedir ciertas resoluciones o, por el contrario, para lograr su aprobación. Esa es la estrategia de los que apuestan por el populismo y en consecuencia persiguen imponer, a través de la mentira o de las “medias verdades”, una determinada medida. La otra vía, la del debate, permite conocer los propósitos de una política pública y su viabilidad financiera. La intención es que esta última sea la alternativa para construir, desde las diferencias de opinión, el proyecto de país al que todos aspiramos.
*Columnista de El Diario de Hoy.