Cuesta creer que ya tengamos casi tres meses de retraso en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, aunque más cuesta entender cuál es la verdadera razón del entrampamiento.
Resulta inverosímil que a estas alturas los diputados no hayan podido encontrar una metodología que les permita elegir a cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes dentro de un universo de 30 candidatos; y todo porque unos insisten en elegir al licenciado Julio Martínez destacando su perfil, trayectoria y contribuciones, mientras otros insisten en descalificarle por alegados vínculos o simpatías con el partido político que lo propone.
Ni uno ni otro ceden en su posición. Enfrascados como están en su permanente confrontación, en su aspiración de prevalecer y en dar muestras de fortaleza, no se percatan de las perniciosas consecuencias que implica esta dilación, ni del atentatorio precedente que puede estarse sentando para futuras elecciones.
Han preferido olvidarse de 29 candidatos y concentrar su discusión en uno solo; en una estrategia en que simplemente le apuestan al cansancio o al aburrimiento de su opositor político. Y mientras ese cansancio o aburrimiento no llegan, la Corte Suprema de Justicia continúa funcionando irregularmente, poniendo en riesgo la garantía de la tutela judicial efectiva.
En medio de esto surge de manera lógica, espontánea y natural la pregunta: Si los diputados no pueden o no quieren ponerse de acuerdo ¿no será mejor que el licenciado Martínez desista de su candidatura y facilite el proceso de elección? Y la respuesta es una sola: a estas alturas eso sería lo mejor.
En realidad no he tenido la oportunidad de conocer al licenciado Martínez. La única vez que coincidí con él, fue durante el pasado proceso de elección administrado por FEDAES. Yo había sido designado como Presidente del Centro de Votación de San Salvador y, en ocasión del recuento de votos que ya se llevaba a cabo, tuve que pedirle que se retirara de las juntas receptoras de votos y les permitiera a éstas realizar adecuadamente su trabajo.
Lamenté en ese entonces que ante mi petición de retirarse me respondiera que el reglamento de elecciones dictado por FEDAES y al cual él se había sometido voluntariamente, no tenía – según él – ningún valor y que, por ende, no debía acatarlo; en efecto no lo hizo. Reconozco que un incidente como ese no es suficiente como para poder formarse una opinión sobre el licenciado Martínez y mucho menos es suficiente como para opinar si cumple o no con el perfil requerido para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero ha sido ese el único contacto que he podido tener con él.
Por otra parte, las noticias hasta ahora divulgadas en los medios informativos, los señalamientos públicos de unos y las defensas igualmente públicas de otros, tampoco permiten concluir si es cierto o no, que las simpatías partidarias del licenciado Martínez son de tal envergadura, que lleguen al punto de afectar la imparcialidad e independencia de sus posteriores juzgamientos. Ni siquiera sus expresiones sobre la falta de robustez de las decisiones de la Sala de lo Constitucional sirven para medirle, pues es innegable que todos podemos coincidir o criticar lo que cualquier tribunal judicial resuelva y todos podemos opinar sobre las líneas jurisprudenciales que prevemos a futuro, por lo que eso, por sí mismo, no le descalifica.
Pero dicho ello es forzoso reconocer que, posiblemente sin buscarlo, el licenciado Martínez ya se colocó en una posición en la cual –parafraseando al Código Procesal Civil y Mercantil– ya existen circunstancias serias, razonables y comprobables que de llegar a ser magistrado, pueden poner en duda su imparcialidad frente a las partes o frente a la sociedad.
Y es que unos han hecho una férrea defensa de su designación, insistiendo a ultranza en mantener su nombre dentro de los elegibles, mientras que otros han despotricado contra su persona y contra sus alegados vínculos partidarios. Esta realidad ya le ha colocado en una posición sumamente incómoda. Utilizando las palabras de Maquiavelo, el juez – como la mujer del Príncipe – no solo debe ser independiente e imparcial, sino que debe aparentarlo.
Todo ciudadano que cumpla con los requisitos constitucionales, tiene derecho a aspirar el ejercicio de una magistratura y ciertamente el Licenciado Martínez tiene ese derecho. Pero ha llegado el momento en que debe reflexionar seriamente sobre los efectos que está causando su insistencia en ejercer ese derecho.
Pedirle que se retire de la contienda no es pedirle que reconozca los señalamientos y descalificaciones que se le hacen. Es tan solo pedirle que reconozca que él puede ser parte de la solución del problema y que, si momentáneamente se hace a un lado, estará propiciando que los ciudadanos contemos con un Órgano Judicial funcionando regularmente. ¡Hágalo licenciado Martínez!.
*Colaborador de ElDiario de Hoy.
hsaenz@saenzlaw.com