La medición de la política según la ejecución mediocre o eficiente de los planes de gobierno está pasando a un segundo plano. A algunos les impacta más los actos de los políticos que sus obras. Mientras a Laura Chinchilla los costarricenses la ubicaban en el último lugar entre los presidentes latinoamericanos, al expresidente salvadoreño Mauricio Funes los ciudadanos le asignaron un honroso quinto puesto, de entre 20 mandatarios, en el ranking que la encuestadora mexicana Mitofsky publicó en el último año de ambos gobiernos, en abril de 2014.
El estudio situó a la expresidenta en el nivel de evaluación “muy baja” y al exgobernante Funes le agenció una calificación de “alta”. La investigación aclaraba, en el caso de la primera, que la “aprobación ciudadana puede no ser el reflejo de su gestión, sino solo la forma en que la población la percibe”. En realidad los “ticos” juzgaron a su presidenta con rigurosidad en base a diez indicadores: pobreza, crecimiento económico, desempleo, inversión extranjera, exportaciones, déficit fiscal, violencia, inflación, crédito al sector privado y tipo de cambio. Aunque su desempeño fue malo en algunas de estas áreas, bueno en otras y debatible en aspectos como el crecimiento de la inversión extranjera y el de las exportaciones, el promedio final arrojó una pésima nota.
Una apreciación similar en el caso de la administración Funes seguramente habría ubicado al extitular del Ejecutivo en el mismo escalón que Laura Chinchilla. La diferencia podría deberse a que los encuestados no tomaron en cuenta la situación del país y se basaron exclusivamente en el comportamiento del presidente de turno. De esta manera, los que opinan hacen a un lado los graves problemas nacionales y fijan su atención en la personalidad de quien los gobierna. El “Tagadá” del expresidente Funes consistió entonces en polarizar la relación con los empresarios y en crear una falsa campaña contra la corrupción. De esta manera los constantes enfrentamientos con el sector privado, las acusaciones de presuntos malos manejos de fondos públicos por parte de exfuncionarios, como el polémico proceso CEL-ENEL, y las diferencias que en algunas ocasiones mantuvo públicamente con la dirigencia del FMLN, fueran reales o no, probablemente influyeron en la valoración “positiva” sobre su gestión presidencial.
Otros dos casos paradigmáticos para explicar los distintos efectos de la “política del Tagadá” son los de Antanas Mockus en Colombia y Abdalá Bucaram en Ecuador. Ambos se valieron de excentricidades para llamar la atención de los ciudadanos y ganar favores electorales. En 1993, durante su paso como Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Mockus protagonizó uno de los sucesos más extravagantes que se hayan testimoniado en ese claustro académico. En plena asamblea universitaria, ante el escándalo de los estudiantes que impedían al Rector dirigirles unas palabras, el académico se bajó los pantalones y “mostró su trasero al público”. La acción fue motivo de duras críticas y ciertamente no representó el mejor ejemplo para los alumnos. Sin embargo su mandato al frente de la Universidad ha sido reconocido como uno de los más sobresalientes en la historia del centro de estudios superiores. Lo mismo puede decirse de los dos períodos en que administró la Alcaldía de Bogotá.
Todo lo contrario sucedió con Abdalá Bucaram. Después de actuar como cantante y bailarín de rock en la coronación de la reina del banano, de haber pedido que le afeitaran el bigote en público para subastarlo y ofrecer los fondos para obras de beneficencia, de hacer malabarismo con un balón de futbol en el despacho presidencial y de regalarle al Rey de España su disco “el loco enamorado”, fue destituido por el Congreso de la República por “incapacidad mental para gobernar” a menos de un año de asumir la presidencia del Ecuador.
En buena medida el contraste entre las valoraciones sobre estas prácticas se debe al grado de cultura política de los ciudadanos. Los valores, actitudes y concepciones para medir la conducta de quienes gobiernan y el grado de cumplimiento de sus promesas varían de nación en nación. Los criterios cambian según se trate de un país en el que sus autoridades se preocupan porque todos, sin excepción, tengan acceso a la educación versus aquellos en los que aún existe un alto grado de analfabetismo, una baja calidad educativa y una pésima formación docente. Una sociedad más educada y más crítica, castigará a quien se limita a gobernar a través de las extravagancias; asimismo, ciudadanos mejor informados premiarán a aquellas autoridades, que no obstante sus peculiares rarezas, contribuyan a generar mejores condiciones de vida, gobiernos más transparentes, ciudadanos libres y responsables y políticas públicas sostenibles que destierren por completo al populismo. Lo contrario fomentará aún más la “política del Tagadá”.
*Columnista de El Diario de Hoy.