Hace unos días, el Papa Francisco habló sobre El Salvador. Lastimosamente, no fue para hacer referencia a alguna bondad de nuestro terruño, sino para expresar su preocupación por la crisis en seguridad que experimentamos y, al mismo tiempo, darnos palabras de aliento. La voz del Papa, máximo jerarca de la Iglesia Católica, siempre ha sido poderosa, incluso más que la de los líderes de las potencias mundiales. El peso de la Iglesia las respalda y el número de feligreses magnifica su alcance y resonancia. Es por esto que, a diferencia de la costumbre criolla en donde clérigos y figuras religiosas suelen airear sus opiniones y participar en debates públicos hasta sobre el último tema, el Papa selecciona con mucho cuidado las temáticas que aborda y las posturas que adopta.
La referencia a nuestra alarmante realidad constituye un mensaje claro que indica que la situación es crítica, tan crítica como los demás temas sobre los que intercede el Papa de la forma en la que lo hizo por El Salvador. Tuvo que haber sido para la clase política de nuestro país como un despertador de esos antiguos de chicharra, que los despertara de tajo de esa profunda desconexión con la realidad nacional que los hace indiferentes a los problemas que aquejan a la ciudadanía. Sin embargo, sus reacciones ante las declaraciones del Papa están muy alejadas de ese escenario.
Tanto la oposición como el bloque oficialista demostraron ser inmunes a la seriedad del tema. Representantes de todo el espectro político han desfilado en programas de opinión y noticieros, pero no se logra observar una posición partidaria consecuente con la gravedad con la que las palabras del Papa revisten la crisis en seguridad. Todos los partidos, en diferentes magnitudes, han aprovechado la lamentable coyuntura para sacar raja política.
El partido de gobierno explotó la situación para, otra vez, descargar su incapacidad para hacerle frente a la responsabilidad que le confiere la Constitución de garantizar la seguridad pública, en el órgano judicial, las telefónicas y, por su puesto, en la oposición. Aprovecharon, incluso, para tratar de venderle a la ciudadanía que existe algún tipo de coordinación entre sus adversarios políticos y las estructuras criminales, al mejor estilo chavista.
Figuras políticas de los partidos pequeños del bloque oficialista, además de apoyar ciegamente las posturas del Gobierno, propusieron soluciones populistas, como la pena de muerte, para ganar adeptos entre aquellos que, agobiados por la criminalidad, favorecen ese tipo de medidas que no tienen un impacto sobre la incidencia criminal, pero que suenan atractivas por su presunta contundencia. La oposición también ha adoptado posturas similares, recomendando “estados de sitio focalizados” y ampliar el papel de la Fuerza Armada en la seguridad pública.
Ninguna de estas posiciones cuentan con un fundamento técnico y, por lo tanto, su implementación no tendría un impacto positivo sobre la incidencia delictual. No obstante, suenan atractivas y, por eso, es que los políticos las utilizan en momentos como el que estamos viviendo, con el fin de ganar popularidad. El oficialismo también trata de ganar adeptos pidiendo que investiguen a los protagonistas de la negociación entre el Estado y los cabecillas de pandillas, gritándolo a los cuatro vientos. Asustados, muchos de estos personajes han salido en los medios de comunicación, siguiéndole el juego al Ejecutivo y preocupados por lo que hicieron, pero pueden regresar a dormir bien en la noche, porque si hubiera una verdadera intención de investigar “la tregua” y las transgresiones que cometieron en ese contexto, no los estuvieran alertando. Todo es una cachetada de payaso del bloque oficialista para ganar popularidad.
Los políticos no dan señales que indiquen que abandonarán el populismo, los ataques partidarios y las bofetadas de payaso, y que atacarán todos juntos a la criminalidad. Las nuevas propuestas deben de salir de ciudadanía organizada, apoyando iniciativas como la CICIG en El Salvador.
Criminólogo
@cponce_sv
*Columnista de El Diario de Hoy.