En medio de miles de muertes que vemos al año y que nos tocan a todos los salvadoreños, hay un grupo de funcionarios públicos que se beneficia de los impuestos que todos pagamos, para vivir en una burbuja que los aísla de la realidad. Literalmente están blindados de las maras, crimen común o cualquier otra amenaza que vivimos los contribuyentes.
Se discute en la Asamblea acaloradamente sobre el presupuesto de seguridad, el endeudamiento de los $900 millones y todos se rasgan las vestiduras. Sin embargo, ni soñar con austeridad que deberían mostrar los funcionarios públicos. Sabemos que hay seguridad asignada de manera abundante, incluyendo a exfuncionarios. La lógica de tenerlos protegidos, es porque en principio cumplen su deber y combaten efectivamente la corrupción, el crimen organizado y la violencia. Sin embargo, al estar en sus castillos rodeados de guardaespaldas, se les olvida lo que día a día vivimos los demás, y francamente, no han estado haciendo su trabajo tampoco. Por tanto, el gasto en seguridad para proteger a los funcionarios se vuelve un incentivo a despegarse de la realidad haciéndoles insensibles.
Esconden los datos de gastos en su propia seguridad e incluso los gastos de viaje argumentando seguridad. ¿No les parece que nos están viendo la cara? Solo un fanático, o alguien beneficiado, puede seguir defendiendo el gasto desmedido en la seguridad de los funcionarios. Ese dinero tiene que dedicarse a proteger a los ciudadanos. Somos todos los llamados a pedir austeridad, y sobre todo equidad en el gasto de seguridad.
Vemos a policías y soldados cansados, desgastados y con falta de equipo. No podemos obviar que el gasto excesivo en seguridad para funcionarios, es parte del problema de falta de recursos que se tienen para combatir efectivamente al crimen. Hay gasolina para los carros seguidores de funcionarios, pero no para la patrulla que debe reaccionar para salvar la vida de los salvadoreños. Hay equipo para los PPI que protegen a los funcionarios, pero a los policías que protegen las comunidades no les renuevan las botas. Ya no más despilfarro para proteger funcionarios, los ciudadanos debemos exigir equidad en el gasto, la reducción inmediata de los PPI asignados a los funcionarios y la orientación de los recursos al combate de la delincuencia.
Quién sabe si detrás del gasto millonario en la seguridad de los funcionarios se encuentre nepotismo, prebendas, arreglos oscuros y hasta contratos jugosos. Existen algunos funcionarios que aun con el alto perfil de su cargo, y lo expuesto políticamente que están, deciden no tener seguridad personal. Estos mismos funcionarios ejercen de manera ejemplar su cargo y son la esperanza que no todo está perdido. Por el lado opuesto, vemos a otros que exhiben caravanas de seguridad y se mueven protegidos como lo haría el presidente Obama. Por simple observación me atrevo plantear la siguiente hipótesis: a menor cantidad de seguridad que utiliza un funcionario publico, mayor es la honestidad, rectitud y cumplimiento del deber del mismo. Como mostró en su gestión el expresidente “Pepe” Mujica de Uruguay, los funcionarios pueden trascender mostrando austeridad y sobriedad.
*Colaborador de El Diario de Hoy
@luisportillosv