El trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (la famosa CICIG), ha sido fundamental para destapar una olla de podredumbre disfrazada de Estado en ese país. Por su trabajo y el papel jugado por los medios de comunicación, la gente se ha dado cuenta de lo mal que estaban bastantes de las estructuras gubernamentales, tanto a nivel estatal como municipal. De hecho, el trabajo de la Comisión –de acuerdo a las encuestas- goza de una aprobación del 87% de los guatemaltecos, tal como fue dado a conocer esta semana por medios informativos independientes en ese país.
El trabajo de la CICIG ha tenido eco también en Honduras, donde en los últimos meses miles de personas -–imitando a los guatemaltecos– se han echado a las calles para protestar contra funcionarios públicos reconocidos como corruptos, y exigir una solución a los problemas de corrupción que destrozan el tejido social.
En Tegucigalpa, como en San Salvador, están presentes en todos los corrillos de personas pensantes las mismas preguntas: ¿reforzamos, renovamos, potenciamos las actuales instituciones del Estado, o nos organizamos para solicitar una CICIH o una CICIES? ¿Puede un Estado con amplios sectores infectados de corrupción curarse a sí mismo, o es necesario que alguien que no sea al mismo tiempo juez y parte ponga manos a la obra en la reforma del sistema?
Llama la atención que las propuestas se planteen como alternativas, pocas veces como complementarias. Dando por supuesto que las respuestas son excluyentes: o reforzamos el sistema o creamos una CICIES… Lo que, dado el ámbito en que se plantean: entre intelectuales mientras analizan una situación determinada, no es de extrañar. Sin embargo, la vida va por otro lado, y lo único que se puede afirmar a ciencia cierta es que, independientemente de que se refuercen las instituciones, ya no podemos seguir “amarrando chuchos con chorizos”. Algo hay que hacer, y es necesario hacerlo pronto: cualquier dilación en el asunto es sinónimo de profundización y extensión de la corrupción.
Sin embargo, platicando con varios amigos guatemaltecos, y leyendo artículos de opinión de algunos medios en ese país, queda claro que una CICIG no es suficiente. Poco se hace si no se perfecciona el sistema judicial, si no se aplican reformas profundas a las leyes electorales, si no se crea un clima de verdadera transparencia informativa, si no se robustecen las leyes anticorrupción y se dota de capacidad de ejecución a quienes las aplican. Por más comisiones que se nombren, en Guatemala están conscientes de que sin un conjunto de reformas y acciones paralelas, no pasarán de encarcelar corruptos y destronar funcionarios aprovechados, mientras el sistema seguirá alimentándose de sí mismo, y creciendo.
Una enfermedad, me decía una persona sencilla pero de gran sentido común, no se cura atajando los síntomas, sino eliminando su causa.
Tal como están las cosas, a nadie sensato, en ese país, se le ocurre que deje de funcionar la CICIG. Pero parece ser que pocos se dan cuenta de que la corrupción no se frena únicamente metiendo en la cárcel a los corruptos, y al mismo tiempo dejando el plato servido para que otros continúen con el banquete.
Aquí estamos en la primera parte de la discusión acerca del mejor modo (pues la necesidad está fuera de duda) de cambiar la forma como hasta ahora se ha lidiado con la corrupción. El tiempo apremia, es verdad, pero todavía tenemos oportunidad de evitar errores tales como confiar la solución únicamente al “sistema”, o pensar que todo se reduce a encarcelar corruptos. Podemos hacer las cosas bien y lograr reformas radicales, para no seguir aplicando cataplasmas y afeites al cáncer social que nos carcome.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare