El estrés que le causa a un país la acumulación de problemas sin resolver corre el riesgo de transformarse en una grave “desafección política”.
En otras palabras, la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes se deteriora aceleradamente y por tanto decrece también el interés por auditar el trabajo de estos últimos. Contrario a lo que el sentido común dictaría, los electores se alejan de las urnas, los profesionales emigran, los empresarios reducen sus inversiones al mínimo y el “ensimismamiento” de los habitantes se profundiza, adoptando como lema un agónico “sálvese quien pueda”.
La reacción ante este contexto, tanto a nivel popular como por parte de la sociedad civil organizada, de la academia y de los grupos de presión, debería ser la contraria. Se esperarían reclamos y manifestaciones públicas, de manera ordenada y bajo los parámetros establecidos en la Constitución; pronunciamientos colectivos de los rectores de las más importantes universidades llamando al orden y exigiendo un sincero y pronto diálogo nacional, y participación activa y conjunta de los empresarios y sindicatos, apelando a la responsabilidad del gobierno ante la amenaza inminente del cierre de negocios y de la pérdida de empleos por el acoso delincuencial.
La gente se interesa muy poco por la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se olvida de las contrariedades que se identificaron en los comicios del 1º de marzo y espera que sean los legisladores los que actúen reformando la ley; no hay reclamos por la impunidad ni interés porque los fondos del Estado se administren de manera transparente; se convive con la muerte en las colonias, acosadas por las pandillas, extorsionadas y sin esperanza alguna que la situación cambie.
En repetidas ocasiones se ha indicado por analistas y líderes de opinión la importancia de nombrar a honorables integrantes del máximo tribunal de justicia. De esta decisión depende el respeto de libertades tan fundamentales como la de expresar nuestro rechazo a quienes intentan atropellar la independencia de las instituciones; la de asociarnos para defender aspectos como el derecho a la vida; la de emprender una actividad económica basada en la libre contratación; la de exigir la confidencialidad de las comunicaciones y que únicamente se permita su interferencia en el marco de un proceso judicial; la de elegir en las urnas a quienes consideramos capaces de administrar el poder y la de ser electos por el voto popular. Si no comprendemos la trascendencia de este nombramiento ni nos preocupamos por vigilar el proceso de elección, ocurrirá lo de siempre: serán designados los menos idóneos y continuaremos arrastrando una deficiente administración de justicia.
Por otra parte los partidos continúan sin dar señales acerca de un acuerdo unánime para resolver las dificultades que se presentaron en las recientes elecciones legislativas y para dar cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia de fiscalización del financiamiento político y sobre las reglas que regirán la democracia interna. A estos pendientes se agregan las resoluciones que mandan ciudadanizar las Juntas Receptoras de Votos y dictar las reglas para la aplicación del voto cruzado. Nada se ha dicho sobre avanzar hacia la automatización del conteo de los sufragios y el llenado de actas ni se han abordado los vacíos que sigue mostrando la administración de justicia electoral.
Si el único mecanismo legítimo que permite la sustitución de los representantes en la Asamblea, en las alcaldías y en el Ejecutivo es el de las elecciones, los ciudadanos debemos preocuparnos porque las mismas sean lo más transparentes y justas posible. Hacer lo contrario, esto es, olvidarnos de la urgente revisión de la ley electoral para que, entre otros aspectos, elijamos de nuevo a los candidatos a diputados de nuestra preferencia, conozcamos los resultados electorales la misma noche del día de los comicios, sepamos quiénes patrocinan a los partidos políticos y evitemos que nuestro voto sea “echado a la basura”, pondremos en peligro la exclusiva posibilidad que nos otorga la Constitución de escoger a los que estimamos idóneos para encargarse de la cosa pública.
La inseguridad es otro de los ámbitos que se suma al menú de ansiedades nacionales. Mientras los homicidios aumentan, las masacres pasan de sucesos excepcionales a convertirse en asuntos de cada día, los asesinatos de policías y militares se multiplican semanalmente y el “sabotaje” al transporte público se añade a los “ases” de los criminales para presionar al gobierno, los partidos y el Ejecutivo permanecen en otra dimensión, acusándose mutuamente de estar tras las pandillas, de organizar “golpes suaves” y de instrumentalizar a la violencia con fines políticos.
El panorama no puede ser más desalentador. La ilusión es que la sociedad reaccione y exija, de manera contundente, una rectificación inmediata a la inmadurez, al inmovilismo y a la polarización de la clase política.
*Columnista de El Diario de Hoy.