El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, México y Colombia, ocupan los primeros lugares entre los países más violentos del mundo, según las cifras de asesinatos publicadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En contraste con la percepción de algunos funcionarios públicos, para quienes la violencia en nuestro país es un asunto focalizado y no endémico, en estudios y documentos de ámbito internacional, El Salvador aparece una y otra vez como uno de los lugares más violentos del mundo.
El viejo axioma marxista que desde hace muchos años pretende justificar la violencia y el caos como un medio de superar las condiciones que engendran, de acuerdo a la teoría, la pobreza en una sociedad, ha sido superado con creces por la realidad: las drogas, las pandillas, el ineficientísimo sistema judicial, entre otros factores, han logrado unos niveles de violencia que tienen sus raíces tanto en las condiciones socio económicas del campesino que cultiva coca en Suramérica, del adolescente que cobra la renta en cualquier barrio de una populosa ciudad centroamericana, o del ejecutivo de Wall Street que depende ansiosamente de la droga que le suministran los narcotraficantes locales.
La corrupción e ineficacia de la justicia en los países más violentos es una consecuencia directa de la falta de atención por parte del Estado al importantísimo rubro de la educación; un indeseable efecto de largos períodos de gobierno de personas que se han aprovechado de su posición para crear patrimonios inmensos a espaldas de las necesidades de las grandes mayorías, de guerras civiles impulsadas por ideologías de izquierda que más que solucionar problemas dejaron como secuela maldita el odio de clase y el resentimiento en las sociedades, y un largo etc.
Pero, más que enfocarse en unas causas que están lejos de poder ser corregidas, vale la pena llamar la atención sobre uno de sus efectos más importantes: el surgimiento de poderes y grupos de terror que buscan llenar el vacío estatal y aplicar “justicia” por su propia mano.
En el fondo de la cuestión hay un coctel tóxico del que uno de sus principales ingrediente es el afán de poder. De él están saturados tanto el dirigente partidario que tiene en algunos funcionarios públicos una camarilla de compinches a su servicio, como el cabecilla pandilleril que desde un lugar clandestino maneja vía redes sociales el actuar de su “tropa” de pandilleros, auténtico grupo de exterminio tanto de sus rivales como de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esos seis países, y otros que no aparecen en el informe pero que les van a la zaga, viven una violencia social que se apoya en muy buena parte en el narcotráfico y las drogas, más que en las condiciones de pobreza y subdesarrollo estructural. Pretender que la violencia es un asunto solo de pobreza, subdesarrollo y exclusión es ver parcialmente el problema. Pensar que todo se reduce a controlar los narcotraficantes y sus canales de transporte de la droga, y a erradicar las redes de narco menudeo en los barrios deprimidos en las grandes ciudades, es también haber reducido mucho las causas del problema. En el fondo, como decíamos, hay un asunto de poder. De ambición y ejercicio del poder personal.
La solución es muy complicada, y recuerda al dilema del huevo o la gallina. Pues si bien lo único que puede detener la corrupción y la ineficacia del poder gubernamental es un Estado fuerte, basado en el derecho y la justicia auténtica; difícilmente se ve cómo un sistema infestado de corrupción puede sacar fuerzas, o simplemente quiera, curarse a sí mismo. Pero no hay peor lucha que la que no se hace… y en esas estamos. O deberíamos estar.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare