La Asamblea Legislativa, como Órgano fundamental del Estado, tiene a su cargo una variedad de labores importantes para el desarrollo del país, enmarcadas en los 38 ordinales del artículo 131 de la Constitución. Las atribuciones más importantes van desde legislar en cualquier materia, ratificar tratados internacionales, decretar el presupuesto de la administración pública, aprobar el sistema de salarios, hasta elegir funcionarios, autorizar concesiones, erigir tribunales, nombrar comisiones especiales, interpelar ministros, entre otras.
A pesar de la importancia de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, en la mayoría de las sesiones plenarias podemos observar que los diputados desvían su atención en cuestiones con menor relevancia que el listado de problemas que atacan al país. Las plenarias pasan de los típicos “debates” y acusaciones (pleitos) entre los miembros de las distintas fracciones casi por cualquier tema, hasta la “inversión” del tiempo en puntos ligeros. Por ejemplo, el tiempo de la última plenaria se pasó entre el debate por relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y el establecimiento del “día del cocinero” (10 de agosto), sin presentar alguna propuesta a un país que la semana pasada contó 190 muertes violentas en cinco días. Esto no es nuevo; legislaturas pasadas también “invertían” el tiempo en establecer el “día nacional del consumo de frutas y verduras” (18 de octubre), “día nacional del camote” (tercer sábado de junio), “día nacional de las pupusas” (segundo domingo de noviembre), entre muchos; mientras tanto desde siempre carecemos de un mecanismo objetivo para la elección de funcionarios o de un análisis pormenorizado de los ingresos y egresos del Estado, así como de planes de gasto coordinados y no improvisados. El nombramiento de estas festividades no deja de ser loable, sin embargo adquirirían mayor realce si los principales problemas de país ya estuvieran resueltos o al menos contaran con una propuesta.
Han pasado 54 días desde que cesaron en sus cargos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos para el periodo 2006-2015, sin que la Asamblea Legislativa haya realizado los nombramientos correspondientes y sin que se evidencie un proceso de selección público, transparente, objetivo y bien ponderado. La transparencia en la elección de un funcionario no se limita a que los medios de comunicación puedan ingresar a las comisiones a presenciar la discusión. Transparencia en un proceso de selección significa también que la decisión debe ser argumentada entre diversas alternativas para elegir a los candidatos sobresalientes (los más idóneos, competentes y éticos), es decir, debe existir un proceso deliberativo y reflexivo que justifique por qué una persona merece el nombramiento antes que los demás. La publicidad permite a la ciudadanía conocer las razones que podrían explicar y justificar el sentido de la votación.
Algo preocupante de la falta de acuerdo y distracción entre las distintas fracciones legislativas es que la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia es solo el comienzo de esta labor. Los diputados deben acordar quién será el nuevo Fiscal General de la República antes del 4 de diciembre del presente año; además, se debe elegir Procurador General, Consejo Nacional de la Judicatura y tienen que acordar el Presupuesto General de la nación para el próximo año. Desde hace más de diez años se encuentra pendiente la emisión de la Ley de Aguas, con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico.
Las deudas del Órgano Legislativo con la población son muchas. Los diputados deben dejar a un lado las diferencias ideológicas que los separan y poner en el centro de toda acción los intereses del país. Contar con magistrados, fiscal general, procurador general y consejales del Consejo Nacional de la Judicatura (encargados de enviar ternas de jueces a la Corte Suprema de Justicia) competentes y honestos es decisión de los diputados; un presupuesto de la nación equilibradamente distribuido es labor de los legisladores; emitir leyes que favorezcan los derechos fundamentales de los ciudadanos es tarea natural de la Asamblea Legislativa. Hoy es el momento para que los diputados ejecuten el trabajo que les corresponde de la mejor manera, pues aunque sacar al país adelante es labor de todos, la mayor responsabilidad la tienen quienes prometieron cumplir su mandato conforme a la Constitución.
*Colaboradora de El Diario de Hoy.