Los funcionarios que cometan arbitrariedades, acosos y despidos injustificados deberán responder penalmente y civilmente de su bolsillo por los daños que hayan causado, establece la doctrina de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, son harto conocidos los casos de funcionarios del actual gobierno que intentan pasar por alto sentencias favorables a los trabajadores o de jefes que se creen comisarios políticos que andan amenazando en las oficinas públicas a los empleados que no comulgan con el partido oficial.
Se sabe del representante de una autónoma que, para no restituir de inmediato a un empleado como se lo había ordenado la Sala, presentó un nuevo escrito como apelación, algo que ya no podía hacer pero con lo que al parecer quería ganar tiempo. O el caso del abogado de un ministerio que también tuvo que sortear una serie de obstáculos para ser reinstalado en su cargo.
Conocemos también de casos documentados de empleados que han sido degradados y hostilizados sólo porque entraron en anteriores administraciones y a los que se les ha dicho que “el que no piensa como nosotros, no puede estar con nosotros”.
¡Qué ironía! Tanto llenarse la boca hablando de los “derechos de la clase trabajadora” para ahora venir a atropellarlos con toda impunidad…
Si la ley es clara, un funcionario no debe esperar que la Corte Suprema o el Tribunal de Ética Gubernamental le digan que ha actuado mal, para entonces rectificar.
Lo importante es que esta clase de funcionarios sepa que con la Ley no se juega y que, gracias a Dios, tenemos una Sala de lo Constitucional independiente y que ya anunció que no tolerará ninguna vulneración a los derechos de salvadoreños.
En junio del año anterior, ese Tribunal Constitucional determinó que los funcionarios tienen “constitucionalmente prohibido” separar de sus cargos a empleados sin cumplir con los requisitos que manda la ley, entre ellos el derecho de audiencia, el de defensa y el de estabilidad laboral, es decir, ser oído y vencido en juicio y con el debido proceso.
El mandato no se quedó en los funcionarios, sino que llegó hasta la Presidencia de la República: “El Presidente de la República, desde el punto de vista fáctico y legal, tiene que contribuir al goce efectivo de los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral de los trabajadores del Órgano Ejecutivo, mediante la comunicación del contenido de la presente sentencia a todas las entidades que forman tal órgano estatal”, dice la sentencia.
El Tribunal Constitucional mandó que su decisión se comunique “a los Ministros, Viceministros, Directores Generales, Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia y Presidentes de las Instituciones Oficiales Autónomas, para que, por medio de los funcionarios con potestades disciplinarias, contribuyan al cumplimiento del contenido de esta sentencia en cuanto a la protección de los derechos de audiencia, defensa y a la estabilidad laboral”.
El funcionario que no cumpla se arriesga a ser procesado por actos arbitrarios y a tener que responder de su peculio por los daños y perjuicios, como ya se ha ordenado en varios casos. Es fácil: no cumple con la sentencia, la Sala notifica a la Fiscalía General de la República para que abra un expediente por desacato y luego un juicio en los tribunales contra el o los funcionarios infractores. Esto sin menoscabo de la demanda penal o civil que le presenten los afectados.
“Los funcionarios públicos responderán personalmente por los actos que contradigan la Constitución o infrinjan el contenido de la jurisprudencia constitucional”, dice la Sala.
Que no pasa nada, pensarán algunos de los aludidos, porque están en el poder… Sin embargo, se equivoca quien crea que ha adquirido su puesto a perpetuidad como los nichos de los cementerios. Creo que es importante que piensen que todo cambia y en el futuro el pueblo puede delegarle a otros las riendas del país y quienes ahora se sienten seguros ya no tendrán con qué parapetarse.
Eso se ha visto a lo largo de la historia: gobernantes y funcionarios todopoderosos han vuelto a la vida común y han enfrentado las consecuencias de sus errores.
Las personas que se sientan amenazadas o vulneradas en sus derechos laborales pueden perfectamente recurrir a la Sala de lo Constitucional o a la Fiscalía General de la República para sentar precedentes y luchar de esa forma contra la impunidad, sea de donde sea.
Al final, si la justicia de los hombres falla, la de Dios, no. Así se les vino abajo el Muro de Berlín cuando menos pensaban.
* Editor Subjefe de El Diario de Hoy.