Durante las últimas semanas, en medio de la galopante crisis de inseguridad, la idea de crear algo similar a la CICIG en el país se ha convertido de nuevo en un tema de discusión.
En el pasado no he estado convencido de que ésta fuese una solución para El Salvador. Cuando el gobierno de Funes propuso la idea en el 2011, vendiéndola como un ente que respondería a la Presidencia, la consideré más como una iniciativa que utilizaría el gobierno para disfrazar y legitimar una manipulación política más profunda de la investigación y persecución penal.
Independientemente de la propuesta particular de Funes, mi escepticismo siempre ha estado relacionado a mi percepción sobre el funcionamiento de los organismos multinacionales y los peligros que pueden acompañar su apoyo a políticas equivocadas.
Un ejemplo para ilustrar claramente mi punto es el daño que le hizo al país el que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyaran “la tregua”, uno abiertamente y otro de forma más discreta. En esencia, ambas organizaciones, legitimaron una negociación oscura entre el Estado y cabecillas pandilleros, perpetuando así una relación extorsiva entre estructuras criminales y autoridades que hasta ahora la ciudadanía ha empezado a dimensionar a través de las cifras de homicidios sin precedentes, registradas en los primeros seis meses de este año.
La OEA y el PNUD actúan, en gran medida, como cualquier otra misión diplomática en El Salvador, por lo que sus posturas ante temas sensibles tienen que ser mesuradas para no ofender a la nación anfitriona y, al mismo tiempo, respetar la soberanía del país. El apoyo de ambas organizaciones a algo tan dañino como el intercambio de beneficios entre pandilleros y agentes gubernamentales, sin embargo, no tuvo nada qué ver con diplomacia sino que estuvo más relacionado con las particularidades de personas influyentes y funcionarios de alto nivel dentro de ellas.
Estos organismos han estado involucrados en iniciativas que han profundizado los problemas (como “la tregua”), pero también en muchas otras que han aportado mucho a solucionarlos. La diferencia evidente entre ambos casos ha estado en las personas atrás de la idea y la ejecución de los proyectos.
Tener al encargado equivocado, en ese tipo de contexto, es peligroso, ya que tiene el potencial de legitimar iniciativas públicas dañinas, asegurar su subsistencia con apoyo y financiamiento internacional, perpetuando así sus consecuencias. Estos riesgos son altos y, por lo tanto, mi opinión siempre había sido que, antes de asumirlos, es necesario apostarle a reformar drásticamente el aparato de seguridad estatal.
Ahora estamos ante un escenario diferente que el de 2011. La crisis de inseguridad ha alcanzado niveles altísimos, la incidencia de homicidios ha incrementado exponencialmente y, de continuar con la tendencia actual, las cifras anuales podrían duplicar el referente más alto de años anteriores. Los funcionarios del ramo parecen despreocupados y dan la impresión que la solución real y seria del problema no es considerada una prioridad, por lo menos no tan alta como la que adjudican a objetivos alineados con intereses partidarios y personales. Paralelamente, en círculos de seguridad e inteligencia ronda con fuerza información que sugiere que estamos a las puertas de una nueva negociación entre cabecillas pandilleros y las autoridades.
El escenario es grave, no existe voluntad política para resolver el problema y los sectores sociales no han podido propiciar la acción gubernamental. El país no aguantará más a flote en las aguas turbulentas en las que naufraga. Podemos subirnos al barco de una iteración salvadoreña de la CICIG guatemalteca, pero debemos de minimizar los riesgos de tener a la persona equivocada detrás del timón y evitar así que nos lleve a aguas más alborotadas y peligrosas, de las que no podamos salir.
*Criminólogo. @cponce_sv