La libertad de expresión es una consecuencia del valor primario de la vida humana. Todavía nadie ha visto a un muerto expresándose. Pero la vida, para ser defendida a plenitud, e incluso para reivindicar su dignidad esencial, necesita, ¡urge!, de la libertad de expresión. Allí donde un poder, cualquiera que sea, pretende arrogarse la potestad de decidir por las personas, impedir semejante arbitrariedad pasa por el ejercicio libre de la crítica y la protesta. Sin este ejercicio, los pueblos terminan sucumbiendo a las tiranías o a las corruptelas.
Entiendo perfectamente lo que nuestra Asamblea Legislativa quiere evitar cuando diseña un anteproyecto de ley destinado a perseguir los llamados “delitos informáticos”. Yo mismo, que he sido víctima de esa delincuencia cibernética desde hace varios años, estaría encantado de que la cobardía de quienes se escudan en el anonimato para denigrar y difamar, sobre todo en redes sociales y a cuenta de notables personajes políticos, quedara expuesta ante la opinión pública.
Pero una cosa es hacer esfuerzos bienintencionados para controlar a hackers, troles, clonadores, suplantadores de identidades, espías de datos y traficantes de información confidencial, y otra muy distinta es utilizar este loable propósito como excusa para establecer límites injustificables a la libertad ciudadana de criticar, intercambiar opiniones o difundir noticias sobre nuestras autoridades.
Por supuesto que debe perseguirse al pillo que vulnera los sistemas de seguridad electrónica de un banco y obtiene de ello un beneficio, o a esos que tienen por cliente a alguien cuya imagen política necesita edificarse sobre las ruinas de las reputaciones de sus críticos. Pero proteger a los ciudadanos de estos delitos puntuales no debe servir para construir un andamiaje de proteccionismo que desestimule la denuncia (y promueva, por lo tanto, la impunidad) de otros delitos igual o más perjudiciales.
Imposible estar en contra de un marco legal que tipifique y sancione el fraude informático o el hurto de información vital en poder del Estado. Tampoco habrá objeciones serias a que se castigue la apropiación indebida de datos personales de los usuarios registrados en un sistema electrónico (público o privado) que brinda servicios de salud, educación o seguridad. Todo eso está bien. Lo malo es cuando el articulado de una ley para proteger a los ciudadanos corre el riesgo de transformarse en un paraguas demasiado amplio, que podría terminar cobijando actuaciones o negligencias que deberían ser profusamente exhibidas. Veamos.
En el artículo 24 del anteproyecto de la “Ley Especial de Protección contra los Delitos Informáticos”, divulgado la semana pasada, se lee lo siguiente: “El que haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, difunda información, imágenes, audios, videos o cualquier medio (sic) cuyo contenido cause perjuicio o dañe la dignidad, el honor, ponga en peligro la integridad física o moral de una persona, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”.
Aparte de la infeliz sintaxis, este artículo perpetra una mescolanza de ambigüedades que se prestan al arbitrario establecimiento de límites intolerables a la libre expresión, e incluso podría llegar a amenazar el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. Si se publica la foto de un funcionario de la mano de su amante durante un viaje de placer, ¿quién determinará lo que constituye “información perjudicial” o “integridad moral”? Si un dron capta las dimensiones del recién adquirido inmueble de un político y esa imagen se sube a la plataforma digital de un periódico exigiendo las explicaciones del caso, ¿qué podría significar “daño al honor” y bajo qué criterio se amenazaría con cárcel a los presuntos “delincuentes”?
La asquerosa forma en que hemos sido atacados los críticos al poder de turno no debe conducirnos a promover la indiscriminada protección de cualquier “honor”. Si con ello le cierran más el cerco a la libertad de expresión, los corruptos estarán muy prestos a defender la “integridad” de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes les adversan. Para ellos, mientras más silencio, mejor.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy