Mi primer llanto en la vida fue entre los brazos de mi padre, y su último suspiro ocurrió entre los míos. En su lecho de muerte, aún consciente en una cama de hospital, alrededor de otros hombres mayores entregando sus vidas, me susurra su preocupación: “Hija, ¿quién cuidará de todos estos niños?”. Le contesté con toda certeza: “No te preocupes, yo lo haré”. Murió hace 5 años.
Este artículo es en memoria del pediatra José Edmundo Ávalos y de todos aquellos que entregan sus vidas al cuidado de la salud de los salvadoreños. La salud es un derecho humano establecido y reconocido por la OMS (1946), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). El Salvador ha ratificado los tratados de derechos humanos que reconocen el derecho a la salud.
Si a nivel declaratorio y jurídico internacional nuestro compromiso es claro, y hemos conseguido avances, los resultados aún demuestran en este ámbito una excesiva ineficacia, con un trágico impacto en la dimensión humana. Mi interés es resaltar la preocupación en el ámbito nacional de unas carencias que continúan cuestionando nuestra solidaridad como nación, y nuestro sentido de justicia básica como ciudadanos de El Salvador.
La salud en el país no solo tiene que responder a la deuda social acumulada, es decir el contrato social incumplido, sino también a la situación epidemiológica cada vez más compleja en donde el fenómeno de la violencia social en términos de vidas perdidas y perjuicios para la salud –física, mental y social– es cada vez mayor. La OPS considera el alza de homicidios en un país una epidemia cuando hay una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. En El Salvador, la tasa de homicidios en el 2014 fue siete veces la tasa de una epidemia: 69 homicidios por cada 100 mil habitantes (Crime Statistics). Un trágico stress que colorea de negro luto la vida de una parte importante de nuestros conciudadanos.
La preocupación de mi padre expresada con su último aliento sigue vigente y acuciante, cuestionando descarnadamente “nuestras” prioridades como sociedad. “La esperanza” son nuestros niños y niñas. El 14 % de los menores de cinco años, en promedio, sufren desnutrición crónica. Existen municipios que tienen tasas de desnutrición arriba del 50 %. Estos niños, perjudicado su desarrollo físico e intelectual, ya tienen limitado su potencial de desarrollo y su derecho a gozar de una vida plena, condenándolos a miembros secundarios de nuestra sociedad.
¿Es la salud una verdadera prioridad en nuestro país? ¿Qué debates vemos? En el marco de un sistema de salud desintegrado con diferentes proveedores de salud pública, todos ellos insuficientes y de baja calidad, y con un sistema de pensiones no universal, la discusión parece olvidar estas prioridades. Se discuten proyectos de reformas respecto a delitos relacionados a la falsedad personal e identidad, por ejemplo, y no sobre proyectos prioritarios para la mayoría de la población, como son la Ley General de Aguas o la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, temas que sí tendrán una repercusión directa en la salud.
Una población saludable es la base para la auténtica igualdad de oportunidades, la movilidad social y un desarrollo económico sustentable en el país. Por tanto, apostar a la salud es trascendental e ineludible, además de una obligación política y ética.
La agenda nacional de salud debería caminar hacia un sistema integrado, comenzando por la modernización de su administración para un uso más eficiente de los recursos. La salud pública necesita un mayor presupuesto, mejores condiciones laborales y una cobertura universal de agua potable y saneamiento básico. También necesitamos responder al contexto de violencia social, al manejo de las emergencias y desastres por fenómenos naturales o por brotes epidémicos.
Ah, y se me olvidaba… aire acondicionado para los quirófanos, lavadoras industriales para las sábanas de los hospitales, bombas de cobalto para tratar el cáncer y medicinas para la leucemia. No hace falta un Plan Quinquenal para abordar estas carencias vergonzosas.
*Columnista. Expresidenta del FISDL, Máster en Economía, Vanderbilt University, y en Política Social, K.U. Leuven.