Durante el primer semestre de este año, las pandillas lanzaron una ofensiva delictual que elevó el promedio diario de homicidios a más de 20, unos días incluso registrándose alrededor de 30 víctimas. Mientras las estadísticas progresivamente subían, las autoridades argumentaron en diferentes ocasiones que el incremento era consecuencia directa de la efectividad de sus operaciones. Los funcionarios, usando su especial don de oratoria (que lastimosamente no logra compensar por los múltiples déficits que presentan en diferentes áreas cruciales para ostentar sus puestos), empleando peripecias semánticas y crasas mentiras, muy hábilmente trataron de engañar a la ciudadanía, asegurando hasta la saciedad que los “batallones de limpieza”, la policía comunitaria y los reacomodos en centros penales habían sido tan efectivos para debilitar a las estructuras delictuales que los incrementos en la incidencia criminal se podrían considerar patadas de ahogado.
Esta semana, las pandillas desenmascararon al gobierno, desacreditando esas mentiras a través de otra muestra de su fuerza, control e influencia, evidenciando que sus organizaciones están más pujantes que antes. Desde el lunes, los cabecillas pandilleros lograron propiciar un paro masivo del transporte público, ornamentado por una cadena de homicidios cometidos en contra de motoristas de buses y antecedido por el lanzamiento de un artefacto explosivo en la fachada de un exclusivo hotel capitalino y la quema de varias unidades de transporte.
Según declaró el mismo presidente, Salvador Sánchez Cerén, durante una conferencia de prensa celebrada el martes, el Ejecutivo tuvo conocimiento el domingo sobre la intención de los cabecillas pandilleros de paralizar el sistema de transporte público. No detalló acciones para prevenir esta táctica pandillera, pero propuso una reacción ante su ejecución y consecuencias: que de ser necesario desplegaría a la Fuerza Armada en la capital para controlar la situación.
Múltiples funcionarios relacionados a la seguridad pública y políticos oportunistas, han aprovechado la lamentable coyuntura para tratar de ganar puntos de popularidad lanzando elocuentes mensajes contra la delincuencia, al estilo superhéroe de tira cómica.
Ninguna de estas posiciones abona a solucionar el problema. Ninguna es propia de un líder que tenga la capacidad de sacar al país de esta crisis. El presidente ofrece una medida burda, populista, que no tendrá un impacto significativo. Los demás funcionarios y actores políticos solo plantean frases cuidadosamente articuladas para ganar adeptos, pero no resultados concretos. El momento de ganarse el favor de la ciudadanía a puro discurso ya pasó.
Es inconcebible, por ejemplo, que después de que las autoridades obtuvieran información con antelación sobre la táctica que planeaban implementar los cabecillas pandilleros, no fueran capaces de desmontarla. Es aún más reprochable que algunos políticos y funcionarios estén aprovechando este caos para otros fines y que, paralelamente, traten de dar la impresión que están atendiendo la crisis de forma adecuada.
La situación es tan crítica y tantos funcionarios y políticos han vendido espejismos, que a los salvadoreños ya no los convencen con discursos trillados o frases pegajosas. Esto es evidente en la reacción que muchos tuvieron ante la intervención de estas personas en las redes sociales en el contexto del paro. Los reclamos, señalamientos y críticas contenidos en la bastedad de mensajes enviados a través de Twitter y Facebook, dejan entrever un mayor nivel de exigencia y una menor celebración a funcionarios que utilizan frases elocuentes que no van acompañadas por resultados concretos. El apoyo de la ciudadanía se lo ganarán en la medida que sean transparentes y produzcan resultados. Ya pasaron de moda los burócratas con dotes de actor de película de acción o de ilusionista, los ciudadanos promedio se han vuelto más exigentes: quieren transparencia y resultados.
*Criminólogo.
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