Los primeros meses después de las elecciones de diputados, alcaldes y presidente traen consigo los inevitables cambios en las estructuras personales que dirigen tareas relevantes dentro de las instituciones públicas. Las amenazas de despido (injustificado, si se ejecutan por afinidad partidaria) se hacen presentes y surge la necesidad de incorporar personas nuevas que colaboren con los proyectos institucionales. En este punto cabe cuestionarse, ¿qué criterios se tienen en cuenta al realizar las nuevas contrataciones (nombramientos o delegaciones, como le quieran llamar)? ¿existe un mecanismo idóneo en las entidades estatales para objetivizar la capacidad de una persona que pretende ostentar un cargo en la administración pública?
Para los cargos de elección popular, donde los ciudadanos participamos directamente mediante las elecciones, ni la Constitución ni las leyes exigen un nivel de competencia o tecnicidad específico, sino que ellos se ganan básicamente por popularidad. Sin embargo, el caso del resto de funcionarios públicos es distinto; el artículo 219 de la Constitución establece la carrera administrativa y ordena la regulación del ingreso a la función pública por medio de criterios que tengan como base el mérito y la aptitud. Con lo anterior, la Constitución pretende garantizar el buen funcionamiento del aparato estatal a través de las personas mejor preparadas para dirigir las distintas entidades (centralizadas, descentralizadas o autónomas).
De forma ideal, el poder que se ejerce dentro de las instituciones públicas debería ser un correlato del saber técnico o especializado que el funcionario posee, adquirido a través de la capacitación o la experiencia. Lo que se necesita es que al empleo público accedan los más capaces, con independencia de su ideología y sin favorecer su nombramiento por favoritismos personales o familiares, ya sea que este lo realice el funcionario principal o el equipo que lo acompaña (pues el conflicto ético está presente). Es preciso asegurar que la carrera profesional del empleado público, su ascenso a cargos de mayor nivel y responsabilidad, se produzca también por razones objetivas vinculadas al mérito y capacidad, cuestión que se ve debilitada cuando se facilita el ingreso de personas con las que se tiene algún tipo de relación afectiva.
La incompatibilidad ética del nombramiento de familiares en instituciones deviene de la necesidad de imparcialidad en las relaciones laborales donde exista subordinación, pues se pretende evitar que los lazos afectivos empañen la función de control y asunción de responsabilidad administrativa que debe existir sobre el trabajo de los empleados públicos. Desde luego que es admirable que alguien dedique todo su tiempo a realizar funciones ad honórem, pero el peligro latente de que sobre ellas no se ejerza un control adecuado, producto del corporativismo familiar y secuela de los privilegios, volverá difícil determinar si se trató de caridad o existió un beneficio. Como dicen, “no hay que solo ser sino también parecer”, por lo que algo bueno que parece malo debería evitarse mediante la profesionalización de todos aquellos cargos que sean pagados con fondos estatales; incluso en los cargos ad honórem deben designarse a personas capacitadas y competentes, en la medida que el cargo ofrece una cuota de poder.
Decir la verdad no es campaña sucia; pedir que se cumpla la ley y principios éticos no es una campaña de desestabilización, y que muchos hagamos la misma crítica no es ataque orquestado. La objetividad en el ejercicio de un cargo público implica la sujeción estricta al ordenamiento jurídico; son los funcionarios públicos los primeros llamados a cumplir con la Constitución y las leyes, por eso los ciudadanos se los exigimos. Justificar una práctica errónea en que “así se hacía antes y nadie dijo nada” tampoco la vuelve buena o legítima; muchos de los que hoy criticamos ciertas actuaciones éramos niños cuando gobernaban otras fuerzas políticas en el país (nepotismo era en esa época y lo es hoy). Además, evadiendo las críticas mediante la introducción de temas ajenos (que merecen un foro de discusión aparte) tampoco hará que los errores desaparezcan. Probablemente estas palabras sean catalogadas como “basura” teniendo como parámetro el medio en el que son publicadas, sin embargo, valdrán la pena en la medida que se inicie una discusión seria sobre la profesionalización de la función pública. Vamos a madurar como sociedad cuando una crítica fundamentada sea analizada e interiorizada a la luz de la razón y no de posiciones políticas partidistas.
*Colaboradora de El Diario de Hoy.