Todos hablamos de transparencia. Muy bien, porque sin transparencia no puede haber un debate racional, y tampoco se puede combatir la corrupción. Y sin exigencia persistente de la ciudadanía, no hay transparencia. Ningún gobierno, ningún poder es transparente por su propio interés. Si información es poder para la ciudadanía, esconderla es poder para los gobernantes.
Entonces, hay que seguir tercamente en transparentar la cosa pública. Pero ojo: La transparencia, por si sola, no resuelve ningún problema. Puede hasta confundir, si la información accesible no es completa –y si no la sabemos analizar adecuadamente.
Demostración de esto es la lista de los asesores de la Asamblea, que al fin se publicó, gracias a la permanente presión ciudadana. Perfecto: Ahora conocemos los nombres de una buena parte de los asesores y sabemos cuánto ganan. Pero en vez de abonar a un debate sobre cómo podemos mejorar la calidad del Órgano Legislativo, hasta la fecha solo abona a profundizar el resentimiento popular con la clase política: ¿Para qué tantos asesores? ¿Por qué gastamos millones en asesores? ¡Qué despilfarro! ¡Que trabajen los diputados…!
La verdad es que la Asamblea necesita una reforma radical en su forma de trabajo. Los diputados no necesitan asesores, mucho menos cuando estos son contratados con criterios partidarios y no con criterios legislativos, académicos y profesionales. La Asamblea necesita un tanque de pensamiento y análisis, un equipo profesional de investigadores y expertos, para cada área importante de la política pública: finanzas, economía, comercio, derecho constitucional, derecho laboral, seguridad y derecho penal, ecología, educación, salud… Y tiene que ser una institución profesional sin ningún tinte partidario. Un “think tank” de la Asamblea como Órgano de Estado. Una institución dirigida con criterios académicos y con la autonomía de un instituto universitario. Con expertos bien pagados, correspondiendo a su calificación.
Voy a poner un ejemplo: En el Bundestag, el Parlamento alemán, no existe ninguna plaza de “asesor”. Pero dispone de una institución que se llama “Servicios científicos” (“Wissenschaftliche Dienste”), con 11 departamentos que corresponden temáticamente a las comisiones legislativas , y como un espejo a los principales ministerios del gobierno federal. En una reforma parlamentaria del año 1969, se creó esta institución no partidaria, eminentemente profesional y académica, con un solo fin: Erradicar la ventaja de conocimiento y capacidad analítica que tenía el Ejecutivo, con sus ministerios llenos de cientos de expertos, sobre el Parlamento. O sea, para garantizar que dependa de la experticia del Poder Ejecutivo, el Parlamento creó su propio “think tank”. Los parlamentarios llegaron a la conclusión que solo así podían ejercer su función de control y contrapeso del gobierno, y que solo así podían legislar con plena independencia.
En esta institución trabajan los mejores catedráticos e investigadores de las mejores universidades, con salarios competitivos, con una biblioteca y un centro de documentación de primera.
Algo así, más modesto, pero de la misma manera no partidaria y profesional, necesita nuestra Asamblea. Si para esto hay que gastar lo doble de lo que ahora mal gastan en “asesores”, sería una excelente inversión en el futuro del país.
Que además cada fracción necesita tener su propio equipo de expertos, para políticamente procesar los análisis del “tanque de pensamiento parlamentario”; y que por supuesto cada diputado necesita un equipo que hace eficiente su trabajo (“staff” lo llaman en el Congreso de Estados Unidos), es correcto y hay que defenderlo, aunque ahora muchos lo cuestionan. Y aunque va en contra de la tendencia que ha agarrado este debate público sobre los “asesores”: Por supuesto en estos equipos pueden incorporarse exdiputados y suplentes, con tal que tengan la experticia necesaria y no se dediquen a trabajo partidario fuera de la función legislativa.
Pero esto es complementario. Lo esencial, lo realmente revolucionario sería que la Asamblea como Órgano del Estado disponga de una capacidad de análisis y elaboración, que le permita ejercer con independencia su rol dentro de la división de poder: legislar y controlar al gobierno. Repito: Información es poder. Pero para ejercer este poder constructivamente, se necesita procesarla con criterios académicos, científicos y no partidarios.
En base de esta información y de esta capacidad instalada de análisis, los políticos (las fracciones partidarias y cada uno de los diputados) pueden tomar decisiones políticas, proponer proyectos de ley, llevar adelante debates de altura. Y para esto, aunque hoy muchos lo quieren negar, también necesitan, financiado por el Estado, apoyo profesional y académico. Y entonces, olvidémonos de los “asesores” y de todo este chanchullo de estructuras partidarias financiadas por la Asamblea.
*Columnista de El Diario de Hoy.