Luego de años de lucha por la transparencia en el uso de los fondos públicos, la Asamblea Legislativa finalmente reveló el pasado lunes 1 de junio, un listado con el nombre todos los asesores que se tendrá para el periodo de 2015-2018. La publicación de la lista de asesores era algo que la anterior presidencia de dicho Órgano del Estado se resistía a hacer, hasta que se la situación de secrecidad se hizo insostenible por la presión de las organizaciones civiles. Ahora que fue revelado el listado completo de los asesores, entendemos la razón por la cual no había querido que fuera revelado con anterioridad: no solo por su exagerado y algunas veces, francamente ridículo número, si no por cómo gravita el peso de los salarios y demás prestaciones devengadas por estos, respecto al presupuesto general de la Nación.
Un asesor político es (o debería de ser) un experto en un campo determinado, ya sea en comunicación, en estrategia política, en marketing, en discursos, en medio ambiente, en medicamentos, en diferentes campos legales, ello entre otras importantes materias respecto a las que un político debe ser asesorado. Naturalmente se entiende que un político no puede ser –y seguramente no es– un especialista en todas las materias necesarias para ejercer adecuadamente su cargo, por lo que es consecuente que necesite de expertos que le guíen y asesoren. En ese sentido y debido a que el asesor debería ser un experto en la profesión que ejerce, su trabajo debería estar remunerado del mismo modo que cualquier trabajo de consultoría profesional.
Si un asesor es escogido por su probada competencia en una profesión, arte u oficio, ese profesional o técnico debería de estar en la disposición de someterse a concurso público en el cual, cualquier ciudadano que se considera que cumple con el “perfil” requerido, pudiese presentar su hoja de vida y participar en exámenes o pruebas mínimas de aptitud. Si lo que se busca es capacidad técnica comprobada, ese sería el método, pero si lo que se busca es lealtad ideológica, premiar a miembros de camisa sudada del partido o peor aún, brindar de un plácido retiro con tintes geriátricos a diputados retirados, entonces la situación se vuelve grave y claramente condenable.
En la lista publicada se detallan los nombres de los asesores y los salarios que estos devengan, y que van desde $400 hasta $4,000; dicha lista incluye exdiputados que por una u otra razón dejaron de serlo pero que nunca dejaron de pertenecer a la planilla de la Asamblea Legislativa y es precisamente ahí en donde encontramos el primer tropiezo. Considero que es una burla a la Sagrada Voluntad Popular –así, con mayúscula– la cual a través de diversos movimientos ciudadanos, logró que la Sala de lo Constitucional finalmente decretara el sistema de voto por rostro como la vía legal en la que el ciudadano de a pie finalmente arrebatara el poder político a las tradicionales estructuras partidarias, para elegir con nombre y apellido, y en base a sus particulares preferencias y a criterios de honestidad e idoneidad, a los diputados que quiere que lo representen en el Parlamento, solo para descubrir que esa voluntad expresada en las urnas ha sido perversamente anulada mediante la contratación de exdiputados como “asesores”, es decir, como personas que aunque el pueblo dijo NO LOS QUIERO, se aferran como sanguijuelas a un cargo que consideran propio pero que no les pertenece.
Cada diputado tiene en promedio 13.5 empleados a su disposición, lo que equivale 1,134 personas contratadas por los partidos políticos. La cuota que corresponde a cada legislador para contratar empleados “personales” es hasta los 12 mil dólares, dicha cuota implica que los diputados han decidido tomar una bolsa de un millón ciento treinta y cuatro mil dólares mensuales, o bien, trece millones seiscientos mil dólares anuales y repartir plazas a su antojo hasta cubrir ese monto, independientemente de si hacen falta tantas manos para hacer el trabajo de apoyo a las bancadas legislativas.
En un país en donde no existen camas en los hospitales, equipo para policías, insumos médicos, recursos para las escuelas, es verdaderamente condenable que ARENA, FMLN, GANA, PDC y PCN, continúen usando a su antojo parte de los limitados recursos de la nación para contratar personas para desempeñar un cargo público para el cual difícilmente están aptos, si se consideran sus antecedentes profesionales y académicos. ¿Será mucho pedir que ante la adversa opinión pública, tales plazas sean puestas a la orden de la Asamblea, para que ésta proceda a una contratación pública sobre bases técnicas? Creo que si, los primeros en oponerse serán los padres de la patria, para ellos la palabra “transparencia” no pasa de ser un eslogan. En otras latitudes ser diputado es motivo de orgullo, no sé, en El Salvador, como que da un poco de pena.
*Abogado, Master en Leyes.