Entre 1998 y 2004 participé en representación de la ANEP en el Consejo Superior del Trabajo (CST). Las discusiones con los liderazgos de los diferentes sindicatos mantuvieron siempre un tono de respeto y de tolerancia a las opiniones contrarias. Durante ese período discutimos varios proyectos de ley así como la aplicación de la normativa vigente, vinculados ambos a la ampliación de los derechos laborales. También se sometieron al debate distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) previo a su envío a la Asamblea Legislativa para su respectiva ratificación.
Algunas de las iniciativas más importantes fueron la “ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad”; el Convenio 155 de la OIT sobre “seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo”; y los proyectos de “ley de reactivación del empleo” y de “aprendizaje” que perseguían, respectivamente, la flexibilización de algunas de las normas del Código de Trabajo con el propósito de incentivar la generación de más empleos, y las regulaciones para que los menores de 18 años tuvieran la oportunidad de aprender un oficio.
Por otra parte, en aquellos años existía una fuerte oposición a la libertad sindical en el sector público y a la negociación de los contratos colectivos, amparados ambos derechos en los convenios 87 y 98 de la OIT. Tanto las gremiales empresariales como los sindicatos presentaron razonables consideraciones a favor y en contra de dichos instrumentos internacionales. El sector privado organizado señaló que los gobiernos podrían manipular a los empleados de los ministerios e instituciones autónomas para que constituyeran sindicatos sumisos a las autoridades de turno, y que además, una abusiva negociación de contratos colectivos en el Estado arriesgaría la estabilidad financiera del país. Los dos argumentos siguen siendo válidos en la actualidad. Mientras tanto los trabajadores argumentaron que el derecho de sindicalización debía aplicar tanto a los empleados privados como a los públicos.
Durante la administración 2004-2009, con el propósito de salvaguardar el libre comercio con la Unión Europea como telón de fondo, finalmente se acordó la ratificación de los convenios 87 y 98 citados, terminando así con las acusaciones que la OIT hacía en contra de El Salvador durante la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Suiza, en los meses de junio de cada año, por ser uno de los pocos países en Latinoamérica que no otorgaba esas prerrogativas a los trabajadores.
La decisión trajo consigo una complicada negociación para modificar la Ley del Servicio Civil, puesto que debían incluirse las normas que regularían, por una parte, la constitución de los sindicatos públicos y, por la otra, las condiciones y los límites de los contratos colectivos pactados entre los sindicatos y los titulares de los ministerios. El CST desempeñó un papel de primer orden en la discusión de los proyectos, y en nuestro caso, ya no como miembro de esta entidad tripartita, sino como Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, junto al equipo de excelentes abogados que integraban esa instancia, participamos en la redacción de las reformas en las que también se involucró activamente la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, presidida en aquel entonces por Calixto Mejía, actual diputado del FMLN por el departamento de La Libertad.
Con el propósito de fortalecer el diálogo social, en el año 2002, los miembros del Consejo Superior del Trabajo visitamos el Consejo Económico y Social (CES) de España. De manera reiterada, los representantes de los diferentes sectores que integraban el CES español enfatizaron que esa instancia representó un factor de cambio en la relación obrero-patronal porque eliminó las desconfianzas y fomentó un vínculo más estrecho entre ambos conglomerados. “Los acuerdos no se logran en el CES, aquí se genera confianza; con esa condición de por medio, afuera del CES se discuten los temas y se logran importantes pactos de nación”. Así lo afirmaba el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, José María Cuevas.
El CST ha permanecido inactivo desde el año 2013. Con esta omisión, tanto el gobierno anterior como los actuales titulares del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, han obstaculizado el vínculo que el Código de Trabajo fomenta entre empresarios y sindicatos al interior de esa instancia tripartita. La experiencia, hasta antes de esta penosa situación, ha sido positiva porque ha promovido el debate entre los dos pilares del sector productivo. Ninguna otra comisión puede sustituir a la establecida en la legislación laboral a menos que se reforme el Código de Trabajo y aún de esa manera deberá respetarse prioritariamente lo establecido en los convenios internacionales. Esperemos que la actual administración reflexione al respecto y cumpla lo observado por la OIT en la 104ª reunión recién celebrada este mes en Ginebra, Suiza.
*Columnista de El Diario de Hoy.