Como salvadoreña deseo atentamente llamar a la reflexión al presidente Sánchez Cerén, después de oír nuevamente sus desmedidos y temerarios ataques contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En todo país democrático el presidente debe ser respetuoso al resto de poderes y no dejarse llevar por incorrectos desatinos. Atacar a uno de los máximos poderes del Estado –el Judicial y su Sala Constitucional– por cumplir con su obligación de justicia hacia la ciudadanía, es minar el Estado de Derecho en El Salvador.
Para nuestra vergüenza como país, así lo considera el gobierno de Alemania –uno de los países más democráticos y avanzados del mundo– mediante lo expusiera su preocupado embajador, Heinrich Haupt, quien pidió respeto hacia la Sala y acatamiento de sus resoluciones. Por otro lado, para orgullo de la mayoría de salvadoreños que apoyamos el quehacer de dicha Sala, la reconoció como pilar de nuestro Estado de Derecho y democracia y como el órgano gubernamental más prestigioso aquí.
Él, siendo miembro observador del Comité de Seguridad Ciudadana, aseguró que sí hay dinero para Seguridad, pues existen $200 millones aprobados por el BID y $22 millones de cooperación de su gobierno, sin ejecutar.
Los salvadoreños, sin ser economistas, pero con simple sentido común, a esa cantidad de dinero deben sumarle lo designado en el presupuesto 2015 para Seguridad: $422.7 millones, en su haber desde noviembre 2014. Todo esto totaliza –ojo– $644.7 millones.
Así las cosas, tenemos derecho a preguntar ¿cómo, apenas 4-5 meses después de recibir ese apartado presupuestario de $422.7 millones para Seguridad, en abril se pidió un refuerzo de $121.1 millones más, (incluidos en los $900 millones de la pretendida y congelada nueva deuda en títulos valores)? Ese refuerzo pretendido, además del dinero del BID y de Alemania, y conociéndose que se gastan unos $200 millones anuales en sueldos policiales de todos esos $644.7 millones para Seguridad, justo es exigir explicación del resto tan rápidamente desaparecido, ya que la criminalidad avanza grotescamente.
Entonces, acusar a la Sala insensatamente, por causa de la propia ineficiencia del gobierno, es una repudiable aberrante dedicatoria contra sus magníficos magistrados.
Ante demanda ciudadana de lo que a simple vista era una movida ilegal para ese nuevo endeudamiento del gobierno por $900,000,000°°, la Sala actuó de oficio, congelándolo. Esto enfureció al FMLN que lo había obtenido acompañado de algunos partidos de oposición en fraudulenta votación en la Asamblea, donde el diputado “suplente” del diputado “electo” Gallegos, votara a favor de dicho endeudamiento. Esto implica (a mi simple entender) un voto doble de un mismo diputado: Gallegos.
Legalizar esto supone, que si no se consiguen votos suficientes para cualquier “movida sucia”, se recurrirá a los diputados partidarios suplentes –de los diputados electos que estén de acuerdo–, sustituyendo fraudulentamente, cuando amerite, a los diputados legítimamente electos del mismo partido, que se abstengan de votar por algo.
Esos casi mil millones que pretendía adquirir este gobierno, al que ya no alcanzan los presupuestos billonarios que se prodigaran desde Funes, sin saberse claramente en qué se fueron, es deuda pública que todos pagaríamos sin excepción, pues hasta al más indigente ciudadano contribuye, al pagar IVA en lo que compra.
El presidente arenga incentivando al odio, embistiendo despectivamente contra “los ricos” (cuya mayoría son honrados empresarios que proporcionan el empleo aquí), olvidando que hay un montón de “nuevos ricos” en su partido, convertidos en magnates de un día para otro, como Funes que vive como rey y Sigfrido, señalado gran terrateniente, pero que a pesar de su “misterioso enriquecimiento”, es premiado inmoralmente con excelente puesto gubernamental donde ganará $84,000°°/anuales y donde, conociendo su trayectoria, estará próximamente negociando con los enemigos de USA del Medio Oriente y Oriente.