Los actos del gobierno durante las últimas semanas predicen un segundo año de gestión muy polémico. Continúan los ataques a la Sala de lo Constitucional, permanece el revanchismo de Hacienda contra la empresa privada, se nombran funcionarios cuestionados para atraer inversiones al país, se sugieren nuevos impuestos para financiar la inversión en seguridad pública sin hacer el mínimo esfuerzo por reorientar otros gastos del Estado y persisten las amenazas y la persecución política y judicial contra los críticos del oficialismo.
El presidente Sánchez Cerén arremetió de nuevo contra la Sala de lo Constitucional sin importarle las consecuencias que provocan sus declaraciones para la estabilidad democrática del país. En un caso insólito, la presidencia pagó una campaña televisiva en la que se resumen las expresiones del mandatario en contra de los magistrados. Puede presumirse que la apuesta del gobernante y la de sus asesores es generar un estado de opinión pública en contra de la Sala argumentando, de manera populista, que la inseguridad aumentará porque no se cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente.
De los $900 millones congelados por la resolución judicial, el ministro de Hacienda señaló que $96 serían destinados a tareas de seguridad ciudadana. Ya hemos indicado en varias ocasiones que reorientando los casi $400 millones que costarán durante el quinquenio los paquetes escolares, las autoridades obtendrían buena parte de lo requerido. Esa iniciativa permite que los alumnos reciban uniformes, zapatos y útiles. Lamentablemente a nuestros jóvenes los están asesinando camino de la escuela; con “suerte” algunos conservan la vida a cambio de ingresar a las pandillas. Es irracional mantener los paquetes escolares cuando, por ahora, la finalidad debería ser la de resguardar la integridad física de los estudiantes. Luego se puede retomar este programa.
Por otra parte, el sector privado organizado solicitó a la Fiscalía General de la República la investigación de presuntos actos arbitrarios por parte de los titulares del ministerio de Hacienda. Los empresarios reclaman la inclusión de algunos de ellos en la “lista de deudores” sin importar que sus casos aún no cuentan con sentencias definitivas. Es muy fácil: si a un contribuyente le demandan el pago de $10 mil dólares de impuestos cuando sus ingresos anuales exigirían un pago menor, de $5 mil dólares por ejemplo, lo lógico es reclamar ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes por el cobro injustificado de una cantidad mayor a la que legalmente está obligado. Mientras no concluya el caso no hay razón alguna para considerarle como deudor.
Ciertamente a quienes evaden impuestos debe aplicárseles todo el rigor de la ley. La mora tributaria impacta a los programas sociales e impide que los ciudadanos accedan a servicios de salud y educación de calidad. Si bien el aspecto punitivo es primordial para castigar a quienes no responden por sus obligaciones fiscales, Hacienda también debería fortalecer la cultura tributaria con campañas permanentes que eduquen al ciudadano para que exija facturas; de esta manera el Estado contaría con otros aliados para combatir la evasión fiscal.
La ampliación de la base tributaria persiguiendo a los comerciantes informales que obtienen millonarios ingresos, mucho más que cualquier pequeño o mediano empresario que debe lidiar con la burocracia estatal, es otra de las deudas pendientes de este y anteriores gobiernos.
La actual administración debió promover la discusión de un “pacto fiscal integral”, el cual ha sido solicitado desde hace varios quinquenios por las gremiales empresariales y por los centros de pensamiento. Lamentablemente los funcionarios de turno han optado por ideologizar la discusión acusando a todos, sin distinción, de ser evasores con lo cual se alimenta la polarización sin dejar espacio al debate sensato, responsable y técnicamente fundamentado.
Otra de las decisiones que ha causado indignación es la del nombramiento del presidente de PROESA, la oficina del Estado encargada de atraer inversiones al país. La crítica no viene por la inclinación del actual gobierno para buscar nuevos aliados como la República Popular de China, Rusia, Vietnam y otros similares, con quienes el nuevo titular ha cultivado relaciones desde su época de estudiante universitario, aunque preocupa el irrespeto de los derechos laborales y de los principios democráticos que caracteriza al sistema político en esos Estados. La irritación manifestada por amplios sectores proviene de los cuestionamientos a los que fue sometido el expresidente del Órgano Legislativo por sus negocios personales sin que por ahora se hayan presentado explicaciones razonables que justifiquen el origen de sus ingresos.
Al gobernante se le ha elogiado por distanciarse del estilo confrontativo que distinguió a su antecesor en el cargo. Sin embargo sus decisiones y las de algunos de sus ministros, así como sus pronunciamientos en contra de la separación de poderes, podrían encarar iguales o mayores consecuencias en el ámbito democrático y en la relación con la empresa privada.
*Columnista de El Diario de Hoy.