Si queremos mejorar las condiciones del país, necesitamos mejores jueces que aseguren el cumplimiento de las leyes, que impulsen la depuración judicial y que realicen un control sobre las actividades de las otras instituciones públicas. En El Salvador, el problema es que la elección suele pasar desapercibida por las elecciones legislativa y municipal, que ocurre al mismo tiempo, y suele ocurrir de forma opaca, poco motivada y de espaldas a la ciudadanía.
Según la Constitución, el proceso de elección de magistrados en El Salvador tiene 3 etapas: la primera es la selección de 15 candidatos mediante el voto popular de los abogados; la segunda es la selección de 15 candidatos mediante la decisión de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), y la tercera es la elección de 5 jueces propietarios y 5 suplentes a cargo de la Asamblea Legislativa en base los 30 candidatos electos en las dos fases previas.
En la práctica, la elección de los jueces es conocida hasta la tercera fase, cuando el CNJ envía el listado de candidatos al Congreso. En esa última etapa, los candidatos ya han sido seleccionados, sin contar con un mecanismo que asegure públicamente el mérito y la transparencia en las dos fases anteriores.
En esta ocasión, existe una posibilidad de transitar hacia una gestión pública del Siglo XXI y mejorar la segunda fase del proceso de elección: la selección del CNJ. El 8 de abril de 2015, la Sala de lo Constitucional, en la inconstitucionalidad 94-2014, exigió al CNJ una elección justificada y pública de los candidatos, y recientemente, la Sala anuló los efectos de una elección realizada debido a la ausencia de una efectiva publicidad, transparencia y justificación de las decisiones los 15 candidatos.
El problema no radica en la calidad profesional de las personas electas, ni tampoco en la ausencia del respeto a la legalidad; sino más bien, es un problema de expectativas políticas de la interpretación de la Constitución: se espera una transición de los requisitos formales a los requisitos reales. Por ello, si bien es un avance que actualmente se realicen entrevistas en comparación con los procesos de selección de hace 10 años; hoy en día, la ciudadanía espera más que una entrevista de 5 preguntas en 5 minutos, sino que se requiere un proceso de elección que exija méritos, transparencia, capacidades, etc.
El reto legal le corresponde al CNJ para cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional y entender este cambio en las expectativas para el cumplimiento constitucional; sin embargo, también es un desafío para todo el gremio jurídico, en especial la academia, las asociaciones de abogados y las facultades de ciencias jurídicas, para impulsar esta apertura en la elección y exigencia de resolución motivada en la elección de funcionarios, que implica una nueva manera de interpretar la idea que vivimos en un Estado Constitucional de Derecho.
La Sala de lo Constitucional ha intentado cambiar esta situación mediante resoluciones judiciales generadas por demandas de la ciudadanía. Finalmente, ¿qué puede hacer usted? el primer paso es conocer y entender el proceso, y el segundo es exigir al CNJ y a los diputados un mejor proceso de deliberación y evaluación de los candidatos. Si queremos mejores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, este es el momento de actuar.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@lapapaguzman