Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Así reza el artículo primero de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La defensa de este sistema político ha sido desde el inicio del proceso de integración en el continente americano un objetivo permanente que ha inspirado sus normas fundacionales y posterior evolución.
Así es que a medida que aquellos procesos se fueron desarrollando en el tiempo, las cláusulas democráticas se crearon para los estados parte y su participación en los modelos supranacionales.
Afortunadamente, y desde fines del Siglo XX, podemos decir que vivimos en un hemisferio de democracias. Esto se ha logrado, en parte, por la existencia de cláusulas que sirvieron de guía para el perfeccionamiento del proceso de integración. Por caso, la plena vigencia democrática es condición esencial para la cooperación en el marco del Mercosur, tal como se acordó en la “Declaración Presidencial de Las Leñas” (1992) y en la “Declaración Presidencial sobre Compromiso democrático en el Mercosur”, firmada en Potrero de los Funes, en 1996.
Una de las más recientes normas positivas en ese sentido, y como respuesta a algunos intentos desestabilizadores en la región, se firmó en Guyana en noviembre de 2010. En el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur sobre Compromiso con la Democracia, se afirma que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados miembros”.
El protocolo establece las medidas de integración política que más duras sanciones contempla, incluyendo la suspensión en la participación de los órganos del sistema hasta el cierre total o parcial de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, así como la posibilidad que tiene el organismo de promover la suspensión de ese Estado de otras organizaciones regionales e internacionales.
De los doce países sudamericanos, Venezuela es uno de los tres de los cuales subyace una especie de autoritarismo tardío, una forma arcaica de ejercicio del poder que ya ha desaparecido de la mayor parte de Occidente. Y con preocupación advertimos que no hemos alzado lo suficiente las voces para denunciar los excesos a los que está siendo sometido el pueblo bolivariano.
Por mi tarea durante la construcción sudamericana he mantenido conversaciones con importantes líderes de la región. Y al reclamarles la necesidad de aplicar la cláusula democrática, he llegado a recibir la lacónica respuesta: “It’s business”. Creo que esta es una buena oportunidad para abandonar el doble estándar en la aplicación o “vista gorda” de estas normas, en las que subyacen intereses económicos o ideológicos.
No se trata de interferir en asuntos internos de Venezuela. La equivocada postura del presidente de los Estados Unidos, al decir que el gobierno venezolano pone en riesgo la seguridad de su país, en realidad es una interferencia en el estilo de vida de los hermanos bolivarianos y hace recrudecer la confrontación interna.
Tampoco creemos que esta crisis derive en un golpe de Estado, venga de la izquierda –como denunciara el expresidente uruguayo Pepe Mujica– o de la derecha. Esta posibilidad ha dejado de ser viable desde que desapareció de manera tajante la opción militar como factor de poder.
Pero debemos alertar sobre la creciente violación de los derechos humanos en ese país, en flagrante contravención a las cláusulas democráticas de Mercosur y Unasur y solicitar su inmediata aplicación. Así como los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay suspendieron a Paraguay como Estado miembro del Mercosur en un caso por lo menos controversial –la destitución de Fernando Lugo– ambos organismos debieran sancionar a Venezuela por su condición de Estado parte, basados en sus cláusulas democráticas constitutivas, además de intimar a que las próximas elecciones se realicen sin ningún tipo de proscripción y con el contralor del resto de los países miembros.
Tengo la esperanza de que la Cumbre de las Américas reunida en Panamá haya evaluado estas consideraciones que, con mayor detalle, están siendo expuestas en el documento firmado por un grupo de ex presidentes iberoamericanos –entre los que me encuentro incluido– para colaborar en la salida de esta crisis innecesaria.[©FIRMAS PRESS].
*Expresidente de Argentina.