La prolongada y agobiante crisis delictual a la que hemos estado expuestos por años los salvadoreños durante nuestras rutinas cotidianas, lógicamente ha producido un sentimiento de indignación generalizado y traducido en reclamos concretos a las autoridades para que solucionen el problema. Está exigencia, sin embargo, con el tiempo ha sufrido una mutación. Ante la adopción de una actitud indiferente por parte del Estado y el agudizamiento de la criminalidad, progresivamente se radicalizó la postura de los ciudadanos descontentos con el desempeño del gabinete de seguridad.
La hipocresía del discurso oficial y la inefectividad de las acciones que han caracterizado por años el abordaje gubernamental de la delincuencia, a través del cual se ha tratado de encubrir y, además, se ha propiciado la sofisticación y el incremento del control e influencia de las pandillas en los territorios en los que operan, poco a poco fue contagiando a más salvadoreños de una insaciable postura en extremo punitiva, en la que se favorece la implementación de medidas radicales, basadas en el uso desmedido de la fuerza.
Ahora, más que antes, es común escuchar a personas, que normalmente se caracterizan por su amabilidad y benevolencia, apoyar y hasta plantear la adopción de abordajes drásticos para atacar la delincuencia, sugiriendo o condonando acciones como inundar las calles de policías y soldados, decretar estados de excepción o hasta organizar grupos de exterminio al interior de los cuerpos de seguridad. Lamentablemente, estas acciones, aunque pueden sonar atractivas por su enfoque radical fundamentado en el uso de la fuerza bruta, no lograrán controlar la criminalidad y, en la mayoría de casos, la complicarán aún más.
La implacable sed por satisfacer los intereses personales sobre los de la sociedad, cualidad que distingue a los malos políticos, ha sido el principal precursor detrás de los malos abordajes gubernamentales contra la delincuencia. El objetivo ha sido siempre aparentar que se está solucionando la problemática, aunque el cuento que se utilice para lograr este cometido en realidad la robustezca y enmarañe más. Esto, en la práctica, se ha traducido en la explotación y manipulación política de la actitud ciudadana dominante. Hoy día los malos políticos tratan de aprovecharse de la desesperación de la ciudadanía y, en consecuencia, propuesto estados de sitio focalizados, la creación de batallones de reacción inmediata, entre otras acciones similares.
Las medidas represivas son parte fundamental de una estrategia integral para controlar la delincuencia. Tienen, además, que ocupar un lugar privilegiado en el orden secuencial de la ejecución de las acciones de cualquier plan, para asegurar el impacto y la sostenibilidad de medidas formuladas bajo otros enfoques. Sin embargo, el abordaje represivo debe estar fundamentado en el análisis y tratamiento de información como punto focal de la inteligencia y la investigación. Esto permite dar golpes certeros y contundentes al crimen, minimizando los posibles efectos y costos colaterales.
Un reportaje recientemente publicado por una revista de este periódico, sugiere que la ANEP será una voz sensata en medio de las locuras que vociferan los malos políticos en la actual coyuntura. La revista menciona algunas de las recomendaciones que presentará la firma de Ruldoph Guiliani, contratada por el sector privado, la próxima semana durante el ENADE. Las sugerencias señaladas en el reportaje, otorgan un papel protagónico al análisis y tratamiento de información y, además, proponen la adopción de prácticas administrativas que aislarán el trabajo policial de la influencia política que tanto daño le ha hecho.
Aunque la revista no entra en detalle, la poca información que revela es suficiente causa de optimismo en medio de tanta insensatez que domina la posición de políticos y muchos generadores de opinión. Las propuestas pueden constituir la luz del faro que guíe el barco en el que todos los salvadoreños hemos naufragado por años, en medio de la torrencial crisis delictual.
*Criminólogo.
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