En su nuevo libro sobre “El Sistema Político Salvadoreño”, el politólogo Álvaro Artiga sostiene que el nuestro es un sistema político “híbrido”, en el que conviven al mismo tiempo prácticas democráticas y autoritarias. Para ilustrar esta afirmación, el cientista político se refirió a las deficiencias que revela el “sistema de control”, dentro del que incluye a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, a las Salas de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Cuentas de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral.
Todas estas instituciones, o no cumplen las atribuciones que la Constitución les asigna, o cuando lo hacen, sus titulares reciben amenazas de juicios políticos y de destitución por parte de los obligados a ejecutar lo establecido en las respectivas sentencias. A estos actos y omisiones el Dr. Artiga los incluye dentro de las conductas autoritarias.
El otro comportamiento que exhibe el sistema político es el de carácter democrático, que encuentra en la celebración de elecciones periódicas, limpias y justas, el instrumento para que los ciudadanos distribuyan y legitimen el poder político. Cuando estos procesos encuentran obstáculos que impiden su adecuada organización y limitan la transparencia de los resultados disminuyendo su calidad, entonces se suman a las actuaciones que el politólogo caracteriza como de estilo autoritario.
La obra de Álvaro Artiga nos invita a reflexionar seriamente sobre el tipo de democracia que tenemos y el deterioro que ésta viene presentando desde hace décadas. Cuando los ciudadanos se acostumbran a convivir con la disfuncionalidad y la partidización de las instituciones, se corre el riesgo que los partidos y los políticos que los integran interpreten ese acomodamiento como la vía libre para la corrupción, la impunidad y el irrespeto al Estado de Derecho.
Un ejemplo que materializa con claridad la tesis del Manual que ahora comentamos, es el de los ataques que ha recibido desde hace varios años la Sala de lo Constitucional. Sus resoluciones han transparentado el uso de los fondos del Estado, han perfilado los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a dirigir las entidades públicas que integran el sistema de control al que ya nos referimos, han modernizado el sistema electoral garantizando los derechos políticos de los ciudadanos, han impedido la militarización de la seguridad pública, han promovido el acceso a la información pública y, principalmente, la Sala ha recuperado la dignidad de las magistraturas y la rigurosidad técnica con la que deben fallar quienes tienen la potestad de administrar justicia.
En un sistema político “híbrido” como el que describe Álvaro Artiga en su cuarto libro, ciertos actores políticos, habituados a desobedecer la ley y a quebrantar los principios republicanos que promueven la independencia de los Órganos fundamentales del Estado, podrían tramar y ejecutar con cierta facilidad un “golpe técnico” contra los miembros de la Sala de lo Constitucional. Para neutralizar a la Sala no es necesario relevar de sus cargos a quienes la integran; basta con retomar la iniciativa que todos los partidos promovieron en 2011 y modificar la Ley de Procedimientos Constitucionales para exigir la unanimidad en las decisiones del máximo intérprete de la Constitución. Esta jugarreta legal, no obstante la rectitud que caracteriza al actual presidente del Órgano Judicial, quien representa el quinto voto al interior de la Sala, mantendría tranquilos a quienes les incomoda una justicia constitucional pronta y efectiva mientras llega el año 2018, en el que debe renovarse un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cuando corresponde sustituir a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron designados en 2009.
En las últimas dos líneas de su libro, el autor señala que “hacer política es influir en el sistema político, ya sea desde fuera (desde el ambiente) o ya desde dentro (en las organizaciones del sistema)”. Esa reflexión nos permite identificar a dos actores que podrían contribuir a contrarrestar el autoritarismo que contamina al sistema político salvadoreño: la sociedad civil organizada y nuevos protagonistas en los partidos políticos. La primera ha mostrado señales alentadoras, desde el año 2010, a través de distintas entidades que exigen la aprobación de la reforma política y electoral; los segundos, que recién tomaron posesión de sus cargos en la Asamblea Legislativa, deben fortalecer el sistema de control y exigir a las cúpulas de sus partidos las reformas necesarias para que las instituciones funcionen como manda la Constitución de la República.
*Columnista de El Diario de Hoy.