El próximo uno de junio se cumple el primer año del quinquenio del presidente Sánchez Cerén. Pronto iniciarán las valoraciones de sus críticos, de los adversarios políticos, de los analistas y de sectores estratégicos como la empresa privada, los sindicatos y los movimientos sociales. Al final la evaluación más importante es la de la propia ciudadanía. En el informe elaborado por el Departamento de Estudios Políticos de Fusades se destaca el estilo dialogante del gobernante que ciertamente contrasta con los métodos confrontativos que caracterizaron el mandato del expresidente Mauricio Funes. También se describen las actitudes del presidente Sánchez Cerén a favor y en contra de los principios democráticos.
La empresa privada reconoce el carácter sencillo del presidente y no esconde su simpatía por una personalidad menos agresiva y más tolerante a la crítica. Sin embargo los empresarios resienten que el diálogo no se haya traducido en resultados concretos. La reforma fiscal, la manipulación política de la publicación de la lista de deudores del fisco, la presentación de un presupuesto desfinanciado, la falta de transparencia durante la discusión sobre la posible incorporación de El Salvador a Petrocaribe, la constitución de la Comisión Nacional Laboral y la falta de una estrategia integral en materia de seguridad, son algunos de los episodios que empañaron la relación entre las gremiales empresariales y el presidente de la República.
Por otra parte, a diferencia de otros procesos electorales, en los que el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial ha sido una constante, durante las recientes elecciones legislativas y municipales, el presidente no lideró una campaña en apoyo de los candidatos a diputados y alcaldes del partido oficial. La promoción de los logros a seis meses de iniciado el gobierno y a sesenta días de celebrarse los comicios fue uno de los tres incidentes que opacaron el respeto del gobernante por la legislación electoral. El otro suceso se presentó con la sanción presidencial al Decreto Legislativo que habilitó al Tribunal Supremo Electoral para establecer, con mayoría simple, el mecanismo para el conteo de los votos cruzados. Asimismo, y encontrándose como presidente en funciones, el vicepresidente Óscar Ortiz sancionó las reformas a la ley de partidos que el Órgano Legislativo aprobó incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordena transparentar el dinero que reciben los partidos para financiar su campaña política y el nombre de los donantes que los apoyan. Una actitud respetuosa del Estado de Derecho habría conducido al gobernante a vetar el primer decreto y a observar el segundo.
En el ámbito del compromiso del presidente con la democracia también debe advertirse sobre algunas restricciones al acceso a la información pública, particularmente en el caso de la solicitud de Casa Presidencial para que la audiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en la que se discutiría el requerimiento de información sobre los viajes del expresidente Funes, se celebrara a puerta cerrada. El mismo reproche merecen las expresiones del mandatario en contra de la Sala de lo Constitucional, el uno de mayo, en el que acusó a los magistrados de esa instancia de “estar por encima de la Constitución”.
La seguridad pública es otro de los ámbitos evaluados. El informe registra tres hechos muy claros: la ruptura de la tregua, el cambio en la operatividad de la Policía Nacional Civil que se materializa en enfrentamientos directos entre las pandillas y las autoridades, y la apertura al diálogo a través del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia con los sectores más importantes del país. El informe de Fusades analiza los distintos planes y políticas presentadas por los titulares de seguridad, se refiere a la confusión de roles entre los encargados de garantizar la tranquilidad a los ciudadanos, contrasta las diferentes fuentes de financiamiento a las que ha tenido acceso el Gobierno y repara sobre la escasa legislación que se ha aprobado durante estos doce meses para hacer frente a la delincuencia.
Las bases de sustentación del presidente también se analizan en la apreciación de la gestión gubernamental. Se trata de observar la solidez, o en su caso, el resquebrajamiento de las relaciones del mandatario con el partido que lo llevó al poder, con los movimientos ciudadanos que respaldaron su candidatura presidencial, con los sindicatos públicos y privados y con los movimientos sociales. Finalmente es muy relevante conocer el grado de eficacia de la administración. Este último aspecto permite a la población evaluar el grado de cumplimiento de las promesas del presidente, sus resultados y el impacto de las políticas públicas en el bienestar de la gente. Estos y otros datos de interés podrán ser consultados en el documento: “El Salvador. Año Político” en la página web de Fusades.
*Columnista de El Diario de Hoy.