El principal partido de oposición ha promovido la interpelación del Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Este procedimiento es un instrumento de control que la Constitución de la República otorga a los partidos para que los miembros del gabinete de gobierno o presidentes de instituciones oficiales autónomas asistan a la Asamblea Legislativa a responder las preguntas formuladas por los diputados sobre un determinado tema. Por lo general se trata de asuntos de interés nacional que causaron o están generando alarma entre la población. Si el acuerdo legislativo alcanzó la mayoría de votos establecido en la Carta Magna el convocado no tiene otra opción más que asistir, a menos que tenga justa causa para excusar su presencia, de lo contrario se arriesga a que lo destituyan.
En las últimas dos décadas han sido interpelados dos funcionarios: un ministro de Agricultura y un presidente del Banco Central de Reserva. Este tipo de llamados tiene siempre motivaciones políticas. El interrogatorio, si bien puede dejar en entredicho al servidor público, no abre la posibilidad de su remoción, aunque la Asamblea Legislativa la recomiende al presidente. Sin embargo deja al descubierto las debilidades de la administración y podría ser “el disparador” que active la maquinaria gubernamental para responder a la presión ciudadana. Únicamente el director de la PNC y el jefe del organismo de inteligencia del Estado pueden ser destituidos por el Legislativo debido a graves violaciones de los derechos humanos.
Los cientos de homicidios, el asesinato de agentes policiales, las miles de extorsiones, la falta de un plan estratégico para enfrentar a la delincuencia, entre otras muchas razones, respaldan la solicitud de interpelación del ministro. La intención no es la de exhibir al encargado de la seguridad pública; el propósito más bien es el de conocer las razones concretas que expliquen el deslucido tratamiento que por ahora ha otorgado el gobierno de la República a la lucha contra la criminalidad.
Algunos de los cuestionamientos que debería incluir la interpelación y cuyas respuestas por parte del ministro Benito Lara seguramente le gustaría escuchar a los ciudadanos son los siguientes: ¿Cuál ha sido el impacto de la policía comunitaria en los municipios donde fue desplegada esta nueva división de la PNC? ¿Conoce usted los informes que obligatoriamente debe presentar la Fuerza Armada a la Asamblea Legislativa indicando los resultados de su intervención en tareas de seguridad pública? ¿Cuáles de las recomendaciones del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana se han cumplido a la fecha? ¿Es suficiente la ley especial contra extorsiones para reducir el actuar de los delincuentes? ¿Es necesario un subsistema jurídico especial que le permita a la PNC, jueces y fiscales enfrentar la situación de inseguridad? ¿Cuáles son las reformas legales específicas que debería aprobar la Asamblea Legislativa en este sentido? ¿Obstaculiza sus funciones como titular del MJSP la figura de un comisionado de seguridad? ¿Debe solicitar autorización del comisionado para tomar decisiones estratégicas que competen a su cargo? ¿Requiere la PNC de un presupuesto extraordinario para atender la situación actual de seguridad? ¿A cuánto ascienden las necesidades financieras de la Policía en la coyuntura actual? ¿Ha solicitado al presidente que se reorienten fondos hacia la cartera que usted dirige de otros programas del Estado que no son prioritarios? ¿Solicitarán a los diputados la aprobación de un nuevo impuesto para atender el tema de la inseguridad? ¿Cuál es el grado de coordinación entre su institución, la PNC el Comisionado de Seguridad y la Fiscalía General de la República? ¿Tiene comunicación con los jueces? ¿Ha recibido peticiones del Órgano Judicial para que se estudien reformas a la legislación penal y procesal penal que permitan una lucha eficaz contra las pandillas?
La estrategia de seguridad no está clara. De hecho no lo ha estado desde hace varias administraciones. Sin embargo la responsabilidad recae sobre el gobierno de turno. Mientras se busquen otros responsables para distribuir culpas, la situación se tornará aún más compleja y será más difícil construir consensos entre los diferentes actores para encarar a los delincuentes. Por ahora el presidente cuenta con el respaldo de los empresarios, incluyendo a los medios de comunicación. Sin embargo estas relaciones pueden deteriorarse en la medida que se acuse a estos sectores de ser cómplices del caos porque generan una “guerra psicológica” cuando dan a conocer la cantidad de homicidios que se cometen a diario. El mismo efecto tendrá la aprobación inconsulta de cualquier tipo de impuesto para financiar la seguridad.
Lo que más conviene ahora es que los responsables de la seguridad pública respondan y actúen con diligencia sin interpelaciones de por medio y que el gobernante fortalezca los puentes con grupos relevantes que desean tanto como él que El Salvador regrese al camino de la paz y el desarrollo.
*Columnista de El Diario de Hoy.