Con el fallo de la Sala de lo Constitucional que lo considera un fraude directo al elector, el transfuguismo ya había recibido un golpe durísimo antes de los últimos comicios legislativos. Lo que hicieron los votantes el pasado uno de marzo fue confirmar su repudio a tan nociva práctica, dejando fuera de la Asamblea a buena parte de los diputados de la segunda hornada de tránsfugas, los del periodo 2012-2015.
Sigifredo Ochoa Pérez, Claudia Ramírez, Jesús Grande, Rigoberto Soto y Santos Adelmo Rivas, cinco parlamentarios elegidos como parte de la bancada arenera el 11 de marzo de 2012, tuvieron repentinos ataques de “conciencia” y abandonaron su partido para luego conformar una espuria agrupación que se llamó “Unidos por El Salvador” (en realidad, unidos por Tony Saca). Curiosamente, estos cinco desertores fueron suficientes para que el bloque oficialista hiciera mayoría durante toda la legislatura, lo que permitió al FMLN en el poder, primero con Mauricio Funes y luego con Sánchez Cerén, aprobar reformas tributarias ruinosas, trastocar la institucionalidad democrática y endeudar más al país, entre otras disposiciones que mantienen postrada nuestra economía y comprometida nuestra seguridad jurídica.
Evitando especular sobre el tipo de beneficios que los tránsfugas recibieron por defraudar a sus electores, queda claro que ninguno de ellos creyó posible que la factura ciudadana llegara tan temprano. Al menos tres de los cinco dejarán de ser diputados el próximo uno de mayo. Ochoa Pérez –ojalá por un resto de dignidad– había tirado la toalla antes de la campaña. Grande, luego de tres años anodinos, estuvo lejos de retener su escaño. Y la señora Ramírez, muy proclive a juzgar la moralidad ajena y olvidarse de la propia, terminó con un respaldo insustancial en las urnas.
La traición no paga, aunque a veces lo parezca. Más tarde o más temprano, la historia pone en su sitio a quienes olvidan el sitio que merecen la democracia, la decencia y el propio sentido del honor. Incluso varios de aquellos que luego fundaron GANA, los tránsfugas del periodo 2009-2012, han ido obteniendo sus “premios” poco a poco: Nelson Guardado, Miguel Ahues y Eduardo Gomar, por ejemplo, perdieron sus curules luego de una primera legislatura con la camiseta anaranjada. Otros, como César García y Walter Guzmán, quedarán fuera de la Asamblea en las próximas semanas, también por voluntad del soberano. Y hasta tenemos casos realmente penosos, como el de Rodrigo Samayoa, que puso fin a su mediocre carrera política envuelto en escándalos intrafamiliares.
La permanencia de GANA como tercera fuerza política del país es producto de la inercia, no de su crecimiento en apoyo popular. Los números de este partido han disminuido en relación a su primer desempeño electoral, al punto que apenas uno de sus diputados entró esta vez por cociente, gracias a la fuerza de Will Salgado en San Miguel. Dos de sus jefes de fracción han sido derrotados al hilo, y su principal vocero, Guillermo Gallegos, tuvo en alas de mosca su reelección, pues apenas rascó 24 mil marcas en San Salvador. (De hecho, atendiendo a las proporciones, diputados del mismo partido como Juan Pablo Herrera o Lorenzo Rivas se agenciaron más respaldo local que el propio Gallegos en la capital).
Tiene, pues, muy poco de qué enorgullecerse GANA tras cinco años de haber nacido del transfuguismo. Se ha estancado electoralmente, no cuenta con liderazgos fuertes y su identidad ideológica permanece en el misterio. Pero la situación de los anaranjados todavía puede empeorar. Si en verdad quieren impedir verse desplazados del tercer lugar por un pujante PCN –que sí parece estarle apostando a la renovación–, los de GANA deben reformular con urgencia su estrategia parlamentaria, comenzando por ese incondicional plegamiento al poder (político y económico) del FMLN.
Traicionar a los salvadoreños ha probado ser un mal negocio, al menos electoralmente. Quienes lo intenten en la próxima legislatura ya saben a qué atenerse: les esperan la caducidad política y la vergüenza histórica.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.