Todos los funcionarios públicos debemos estar expuestos al intenso escrutinio de la ciudadanía. Por supuesto que, de no ser funcionarios públicos, tal circunstancia podría rayar en invasión de privacidad. Sin embargo, al tener responsabilidad sobre el manejo de recursos del Estado no queda más alternativa que estar dispuesto a este escrutinio y a una rendición de cuentas completa. Si no lo estás, no participes de la política y mejor quédate en casa.
En política, según Wikipedia, se utiliza el término probidad para referirse a la “rectitud o transparencia en el proceder de los empleados públicos.” De acuerdo a FUSADES, se refiere a la “honradez, integridad y rectitud en el actuar de los servidores públicos”. Aunque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, en este tema en particular es necesario que los servidores públicos (empleados y funcionarios) estemos obligados por ley a presentar la información necesaria que garantice a criterio de las instancias apropiadas que no ha habido abusos.
La actual Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) es una ley obsoleta e ineficaz para su objetivo. Actualmente de los nuevos servidores públicos en este gobierno hay más del 25% que no han presentado su declaración patrimonial, habiéndose vencido el plazo hace más de 7 meses. Y de los que terminaron su gestión con el gobierno anterior hay más de 35% que no la han presentado. No hay resoluciones de Corte Plena, no hay multas (aunque sean risibles), no hay destitución de funcionarios, no hay el seguimiento adecuado para garantizar a los ciudadanos que no ha habido abuso en el uso de sus recursos.
De momento la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa tiene dos anteproyectos de ley, el preparado por organizaciones de la sociedad civil y del sector académico y el preparado por asesores legislativos. El reto es lograr aprobar una nueva ley que tenga lo mejor de ambos anteproyectos para que exista un instrumento efectivo para velar por la honradez, integridad y rectitud.
Por supuesto que la probidad solo es una parte del problema. Adicionalmente debe promoverse racionalidad en el gasto y priorización en el uso de los recursos. A veces parece que la lógica que impera es acabarse el presupuesto, aunque no se necesite, para que el próximo año no lo recorten. No parece imperar la lógica de garantizar el gasto en las áreas más relevantes para la población y solamente después discutir lo demás.
Actualmente inunda las redes sociales el tema de los bonos adelantados. De hecho solo en bonos la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas de la República gastan aproximadamente $25 millones al año, según un estudio publicado el 2014. Es un monto superior al presupuesto de varias instancias e instituciones del Estado. La meta de hacer un uso honrado y eficiente de los exiguos fondos públicos parece desvanecerse ante estas realidades. ¿Cómo lo justificamos cuando no se logra otorgarle al Ministerio de Salud $30 millones más para aumentar la dotación de medicinas?
Lo que esperan los ciudadanos de sus funcionarios es que privilegiemos el gasto social y el productivo. Primero lo primero. Educación, salud y seguridad. Segundo. Desarrollo económico, inversión y empleo. No podemos continuar fomentando la percepción que el funcionario público primero vela por sus intereses y luego por los de la ciudadanía. No solo es un tema de justicia, sino que un tema de equidad y de decencia.
*Colaborador de El Diario de Hoy.