Hace algunos días, un buen amigo utilizó una simple, pero descriptiva frase para referirse a un reciente y significativo suceso registrado en el aparato de seguridad, que me pareció excelente y, por lo tanto, le pedí permiso para utilizarla en este espacio. Durante una plática cotidiana entre amistades, la juramentación de Hato Hasbún como comisionado presidencial para la seguridad se convirtió en el tema central. Aunque cada quien ofreció su opinión en relación al nombramiento, las posturas fueron similares y mi amigo, de manera muy acertada, las resumió creativamente así: “el retorno del hombre del fracaso”.
Participar en el debate público sobre la criminalidad y seguridad, como he mencionado en otras ocasiones, motiva a que éstos se conviertan en los temas primordiales que dominan mis conversaciones con conocidos y extraños. Siempre estaré agradecido con las personas que deciden compartir conmigo sus experiencias y puntos de vista, ya que nutren y complementan mi conocimiento de la realidad nacional y, en consecuencia, me proveen insumos invaluables para analizar nuestro entorno.
La frase empleada por mi amigo para describir la juramentación de Hasbún resulta interesante, ya que contamina la designación presidencial, y, en consecuencia, la estrategia anti-delincuencial del Ejecutivo, con el pobre desempeño que tuvo el gabinete de seguridad que coordinó Hasbún durante la administración de Manuel Melgar en el Ministerio de Justicia del gobierno que antecede al actual. Muchos no olvidan que, con Hasbún al frente del aparato de seguridad, el país registró los años más violentos de la última década, contabilizándose por primera vez más de cuatro mil homicidios anuales, y, además, también se empezó a fraguar la negociación entre el Estado y las pandillas.
“El retorno del hombre del fracaso” no solo califica tácitamente el nombramiento de Hasbún como un reciclaje de funcionarios, sino que adicionalmente augura un fracaso, haciendo alusión a su desempeño anterior. Esto es aún más complicado considerando que Sánchez Cerén ha tratado de desmarcarse del abordaje favorecido por Mauricio Funes, enfocado en el intercambio de beneficios entre el Gobierno y cabecillas pandilleros. El que Sánchez Cerén fungiera como vicepresidente durante la administración de Funes y el discurso ambiguo en relación al pacto pandillero utilizado en los primeros meses de su período presidencial, han dificultado que logre eliminar el escepticismo ciudadano. El nombramiento de Hasbún lo hará aún más difícil.
La designación de un comisionado presidencial para la seguridad era necesario. La situación es tan crítica y compleja que la coordinación de los esfuerzos para resolverla es muy absorbente y, por lo tanto, imposible de atender para alguien con las enormes responsabilidades que implica la presidencia, peor aun cuando la salud del mandatario no está en óptimas condiciones. Indudablemente, la falta de una carismática voz nacional ha inhibido el nivel de apoyo ciudadano a las iniciativas gubernamentales, al grado que el Ejecutivo tuvo que fabricar y forzar un evento para crear la ilusión de que existe amplio respaldo entre los salvadoreños. Tampoco ayuda que funcionarios foráneos, como Robert Valent del PNUD, asuman el papel de activistas y traten de forzar posturas entre la ciudadanía.
Nombrar un comisionado presidencial para la seguridad era lo correcto, pero la selección de la persona que ostentará el cargo no fue la más inteligente. El puesto debería de ser ocupado por alguien que: (1) no esté inmerso en la lucha de poderes que se libra entre diferentes grupos de la izquierda al interior del aparato de seguridad; (2) no esté vinculado al gabinete de seguridad del gobierno de Funes; (3) cuente con una trayectoria profesional que garantice el trabajo técnico y genere confianza y respeto en todos los sectores de la sociedad. El Ejecutivo, si su interés de resolver la crisis delictual es genuino, aún está a tiempo para cambiar la designación de Hasbún por alguien que reúna estas características.
*Criminólogo.
@cponce_sv.