El 28 de marzo los abogados elegiremos a la mitad de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El resto de pretendientes serán designados por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La lista de los treinta aspirantes llegará a manos de los nuevos diputados y serán ellos los que finalmente decidirán quiénes serán los cinco integrantes del máximo tribunal de justicia que sustituirán a sus colegas en tres de las cuatro Salas: Civil, Penal y Contencioso Administrativo.
Si el Tribunal Supremo Electoral, una vez concluido el escrutinio final, confirma que la distribución de los legisladores corresponde a la que los medios de comunicación y los partidos anunciaron, forzosamente las fuerzas políticas mayoritarias tendrán que buscar un acuerdo para el nombramiento de aquellos funcionarios. Ni el FMLN ni ARENA, actuando por separado, suman los cincuenta y seis votos necesarios únicamente con el apoyo de los partidos minoritarios.
El riesgo en este tipo de elección es que las negociaciones partidarias no se concentren en los mejores sino en los más “leales”. Me refiero a los que son fieles, devotos y fidedignos a las consignas partidarias. Ciertamente la Sala de lo Constitucional delimitó el perfil que deben cumplir quienes aspiren a representar las principales corrientes del pensamiento jurídico al interior de la cúpula del Órgano Judicial. Sin embargo el caso del actual árbitro electoral nos comprueba que se puede cumplir con el requisito legal de no estar afiliado a un partido aunque el comportamiento del funcionario delate una simpatía y una sumisión muy clara por una corriente ideológica.
El apego por un partido político es subjetivo y por tanto no es posible predecir si el titular de una institución pública, una vez electo, apoyará resoluciones con criterio político o, en su caso, lo hará tomando en cuenta aspectos estrictamente técnicos. En otros sistemas, para reducir este peligro, se escudriñan las sentencias que ha pronunciado el postulante en el ejercicio de la función judicial, o los argumentos de su tesis doctoral, cuando no se trata de un juez de carrera, además de someter a todos los candidatos a profundos interrogatorios en el marco de largas audiencias públicas que se celebran en el seno del Órgano del Estado encargado de la elección.
Otra manera de cerrar las puertas a quienes pretenden obtener una magistratura para proteger intereses partidarios es facultando a la sociedad civil organizada a proponer ternas que limitan las opciones de los diputados. Los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública surgen precisamente de ese ámbito. En esta instancia, el Presidente de la República debe ceñirse a la moción presentada por diferentes entidades: las asociaciones empresariales, de profesionales y de periodistas debidamente inscritas; la Universidad Nacional de El Salvador y las universidades privadas autorizadas, y los sindicatos legalizados ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Lamentablemente el procedimiento para escoger a los magistrados de la CSJ se agotó desde hace varias elecciones. Con tal de agenciarse la simpatía de sus colegas, los hombres de leyes que buscan un cargo en el palacio de Justicia ofrecen aumentos de salarios, la eliminación de los exámenes de suficiencia para el ejercicio del Notariado y la creación de plazas en los tribunales, entre otras “apetitosas promesas”. Por otra parte, cuando por el azar resultan más votados los que mejor currículum presentan, la Asamblea Legislativa los termina desechando como si alcanzar el mayor respaldo de los abogados delatara el interés genuino de los primeros por mejorar la administración de justicia, un objetivo contrario a la visión de varios diputados.
Señalamos que el otro actor que participa en el nombramiento de los candidatos a presidir el Órgano Judicial es el CNJ. Aquí también se han presentado penosas situaciones. Se “autopostulan” los concejales que integran a esa institución; se eligen opciones vinculadas con los partidos o cuya trayectoria no cumple con la experiencia que exige el cargo de magistrado de la CSJ, y hasta se encuentra en discusión la imparcialidad política de quien dirige a esta entidad.
En el campo del Derecho existen prestigiosos juristas que podrían desempeñar con altos méritos la función que corresponde a la máxima judicatura. Se trata de catedráticos universitarios, distinguidos profesionales, investigadores prominentes, jueces y magistrados de cámara en ejercicio y abogados que han demostrado excepcionales cualidades en el cumplimiento de sus funciones cuando les correspondió desempeñar un cargo público. Todos se encuentran en la lista que tendrá a la vista el CNJ y algunos de ellos se postularon para la elección del próximo sábado. Ojalá que sepamos elegir a los mejores para recuperar la dignificación de la justicia y del Derecho.
*Columnista de El Diario de Hoy.