La organización Transparencia Internacional, que desde 1995 publica anualmente índices de percepción de la corrupción, la define como “el abuso, para beneficio personal, del poder encomendado”, y nos sitúa con un índice promedio de 3.9/10 (donde 10 es lo más limpio, y 0 lo más corrupto); es decir, como uno de los países donde la corrupción campa casi de manera irrestricta.
En su última publicación, acerca de la percepción de la corrupción, las cifras son verdaderamente alarmantes: el 70% piensa que la Asamblea Legislativa es corrupta o muy corrupta, 55% que lo es el ejército, el 45% desconfía de los medios de comunicación, 46% dice que la empresa privada está corrompida, 40% duda del sistema educativo, el 76% piensa que los funcionarios públicos se aprovechan de su posición para beneficio personal… pero el premio mayor se lo llevan el sistema judicial (81%), los partidos políticos (85%), y la policía (87%). Entonces, uno se pregunta: ¿no será que la corrupción es en realidad el principal freno al desarrollo en el país, por encima de la inseguridad y la violencia ciudadana?
La buena noticia es que el mismo reporte consigna que el 71% de las personas está convencido de que la gente común y corriente puede y debe hacer algo para frenar la corrupción en el país. Pero la pregunta del millón es siempre ¿cómo?
Definitivamente se han dado pasos como la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Transparencia Gubernamental. Pero ya se sabe que los cuestionamientos directos, si bien son muy valiosos para despertar la necesidad de erradicar la corrupción entre la población en general, no terminan de ser efectivos, pues preguntarle al corrupto si lo es, y que además aporte pruebas para su condena, es –además de una ficción– prácticamente misión imposible.
Para muestra un botón: a principios del año pasado se solicitó a los responsables que proporcionaran la información de los viajes de funcionarios públicos dependientes de Casa Presidencial. Como la pregunta fue pública, la discusión en los medios y foros de análisis cobró cierto auge. La respuesta fue, como era de suponer, negarse a proporcionar la información alegando razones de seguridad. Pero al toro se le había clavado una banderilla. Haciendo uso de la Ley de Transparencia, algunos periodistas se animaron a imprimir datos escandalosos de negocios privados llevados a cabo por funcionarios públicos, que –sin duda– habrán tenido influencia en los resultados de las recién pasadas elecciones. Y, esperemos, tengan consecuencias en relación a que los funcionarios electos cuiden su proceder una vez tomen posesión de sus cargos.
Es de sentido común pensar que de nada sirven las leyes si no se aplican, pero los sucesos recién citados nos dicen que aunque no se apliquen judicialmente, las consecuencias de denunciar los actos de corrupción sí que tienen consecuencias preventivas. Ya llegará el día en que sus efectos sean punitivos, sin esperar que los funcionarios corruptos y corruptores dejen de estar ocupando puestos de poder para podérseles juzgar.
El mejor funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que implica nuestra vapuleada democracia (aunque en estos días las esté pasando moradas, debido a la ineptitud del TSE) es, en el mediano plazo, un poderoso catalizador de las leyes anticorrupción. Un sistema que depende vitalmente del libre ejercicio del voto, como ha quedado claro en los últimos comicios, que muestran que cada vez nos importa más por quien votamos, y menos la ideología partidaria que lo sostiene.
Me atrevería a decir que los funcionarios no reelectos, en bastantes casos, perdieron su trabajo más que por su ineficacia, por su imagen de aprovechamiento personal del puesto que ocupaban. Por eso, a los que tomarán posesión, es bueno recordarles que en este mundo hipercomunicado, es cada vez más difícil actuar, sin consecuencias, aprovechándose personalmente de los empleos públicos.
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare