¿Da risa o cólera? Los delegados de Cuba y Nicaragua avalaron la legitimidad del proceso electoral pero criticaron el voto por rostro, aunque en Cuba no ha habido elecciones en 50 años, y en Nicaragua, Ortega permanecerá eternamente en el poder, a pesar de la prohibición constitucional. Pero el desastre del TSE ha sido una cortina de humo que ha cubierto una serie de situaciones verdaderamente preocupantes, además de la violencia y la moribunda economía.
Ayer, los abogados votaron para elegir magistrados de la CSJ, suceso que antes pasaba inadvertido. Pero el cuestionado desempeño de funcionarios del Poder Judicial, ha sacado a la luz situaciones anómalas dentro del proceso. Para lograr votos, los candidatos ofrecen aumento de salarios, creación de nuevas plazas en los tribunales, y eliminar los exámenes de suficiencia para el ejercicio del notariado. ¡Qué vergüenza! Mientras prestigiosos profesionales con limpia trayectoria, aunque ocupen los primeros lugares en la lista por ser los más votados, los diputados en la Asamblea, no los toman en cuenta si no tienen padrinos interesados. ¿En qué manos estamos?
Mauricio Funes inauguró en 2012, con la exagerada publicidad que le caracteriza, el Programa Presidencial Territorios de Progreso, copiado de su ídolo Lula Da Silva, destinado a erradicar la pobreza en las zonas más vulnerables. Seis municipios en la Bahía de Jiquilisco, luego otros en Morazán, San Miguel y La Unión, y un tercer territorio en la franja costero-marina, hasta completar 29, en que se invertirían $197 millones. La administración de Sánchez Cerén descontinuó el programa, a pesar de los viajes realizados por funcionarios salvadoreños a Brasil, enorme publicidad, coordinación de eventos, entrega de documentación con la demanda estratégica de cada territorio al Secretario Técnico Alex Segovia. La página web del programa carece de contenido, y tanto los grandes planes y los millones destinados al programa se han volatilizado. ¿Rendición de cuentas?
Sigue el proceso contra exfuncionarios de CEL, iniciado con altas dosis de venganza por el expresidente Funes, argumentando un contrato ilegal y lesivo para los intereses del Estado, para favorecer a ENEL en la generación de energía geotérmica. Millones de dólares costaron dos arbitrajes perdidos por el Estado salvadoreño. Luego de demostrar toda suerte de inconsistencias, como aumento exagerado del valor de las acciones sobre su valor real, inventado por Funes, y un estudio con dudosas bases técnicas realizado por un funcionario devoto al Presidente, ENEL decidió retirarse del país y vender sus acciones a la GEO. ¿Si el contrato no era legal por ser lesivo a los intereses nacionales, por qué la CEL aceptó comprar dichas acciones?
El fiscal Luis Martínez, firmante del acuerdo macro a nombre del Estado, advierte que en el mismo, CEL renunció a seguir el juicio civil a los exfuncionarios acusados, pero el presidente de la autónoma insiste en continuarlo, a pesar de la amenaza de que, si en junio no se han cumplido todas las condiciones del acuerdo, el caso se reactive en el CIADI, obligando al país a asumir los gastos procesales y nueva contratación de abogados. ¿Por qué únicamente están acusados, ciudadanos que han demostrado que la generación de energía geotérmica, durante la gestión de ENEL, creció en un 50%? ¿Por qué no se ha cuestionado la responsabilidad de los presidentes de CEL y sus empresas afines, nombrados por amistad y compadrazgo, y sin experiencia para desempeñar el cargo?
Es el momento de que los ciudadanos exijamos explicaciones de situaciones poco transparentes, que han dañado seriamente la imagen del país y han costado tantos millones de dólares.
*Columnista de El Diario de Hoy.