Este próximo jueves 26 de marzo se desarrollará la “Marcha por la v ida, la paz y la justicia” en el país. Los personajes que han promocionado esta iniciativa en los medios de comunicación se han esforzado en extremo por lograr que todos se refieran a ella con ese elocuente y descriptivo nombre, casi con el mismo empeño con el que han tratado de minimizar el involucramiento del Gobierno y sus funcionarios.
Aunque sería lógico inferir que, en medio de la agobiante crisis delictual en la que estamos sumergidos los salvadoreños, la mayoría de ciudadanos estaría dispuesto a participar en una marcha de este tipo, pero la realidad es que ésta no ha contado con amplia aceptación. Existen varios elementos que han corrompido y, en ocasiones, hasta puesto en entredicho qué tan genuino es el mensaje de los promotores de la marcha y, por lo tanto, lo que presuntamente ésta busca promover y lograr.
Después de ser objeto de burdos y descarados engaños gubernamentales en los que se trató de vender estrategias para controlar la delincuencia que en verdad buscaban beneficios partidarios y electorales, en detrimento de la seguridad ciudadana, entre la ciudadanía predomina el escepticismo. Los salvadoreños nos hemos convertido en ciudadanos más suspicaces. Cualquier señal que despierte la más mínima sospecha de que un funcionario nos quiere engañar, inmediatamente conlleva la descalificación de las iniciativas que impulsa y, dependiendo del alcance de su mentira, detona la desacreditación total del Estado, sus discursos y proyectos.
La predominancia de los intereses políticos e ideológicos en el aparato de seguridad ha sido evidente, por lo menos en estos primeros meses del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. La designación de un asiduo militante del ala radical del partido oficial al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el cambiante discurso en relación a la negociación entre el Gobierno y las pandillas que ha variado al compás de coyunturas electorales, y las posturas y actuaciones de funcionarios que no esconden su intención de evidenciar su afinidad y lealtad al FMLN, son solo algunos de los elementos que le han dejado claro a los salvadoreños que la brújula del aparato de seguridad son los intereses del oficialismo y no los del país.
Considerando este lamentable escenario, es lógico que exista escepticismo ante cualquier iniciativa relacionada a la seguridad pública, peor aun cuando están contaminadas por situaciones extrañas. La marcha se ha tratado de vender como una iniciativa ciudadana, a pesar que el Gobierno se ha apropiado mediáticamente de ella y, además, ha gestionado un costoso asueto y “motivado” a los empleados públicos a que participen. Además, esta semana, cuando el pastor Carlos Rivas –aliado del oficialismo en su estrategia de seguridad, promotor de la marcha y uno de los personajes más visibles que han tratado de minimizar el involucramiento del Ejecutivo- – fue llevado a los tribunales acusado de agredir a su amante en un motel de Antiguo Cuscatlán, escoltado por un contingente de varias decenas de policías, algunos de los cuales se dedicaron a intimidar a los periodistas que llegaron al juzgado para que no cubrieran la noticia.
La intención de esconder la participación del Gobierno en la marcha y el trato deferente del que ha gozado el pastor Rivas, al que jamás hubiera tenido derecho cualquier otro agresor que hubiese cometido los ilícitos de los que se le acusa al religioso (menos en las penosas circunstancias en las que fue capturado), sugieren que los verdaderos objetivos de la marcha son políticos y obedecen a los intereses partidarios. Bajo estas circunstancias, apoyar la marcha es respaldar y perpetuar el proceder oscuro y político que ha dominado la dirección estratégica y operativa del aparato de seguridad. Las familias salvadoreñas y su descendencia se merecen algo mejor.
*Criminólogo.
@cponce_sv.