La criminalidad y la inseguridad, según diferentes instrumentos de medición de opinión, constituyen el principal problema que agobia a El Salvador. Resulta lógico, por lo tanto, que sean temas que con bastante frecuencia dominan tertulias y conversaciones entre amigos, familiares y, en ocasiones, hasta entre extraños. Aunque el enfoque, alcance e intensidad varían según el contexto y los participantes, el común denominador que caracteriza estos intercambios cotidianos consta de dos componentes principales: (1) El relato de situaciones o experiencias personales, utilizado por el interlocutor para ilustrar la gravedad y magnitud de la crisis delictual en la que está sumergido el país; (2) Una amplia y creativa lista de reclamos y críticas dirigidas en contra de los funcionarios vinculados a la seguridad.
Lograr una buena comprensión del problema criminal, entre otras cosas, requiere escuchar atentamente las vivencias y los puntos de vista de la mayor cantidad y variedad posible de personas. En lo particular, siempre busco propiciar (aunque no forzar) este tema en mis interacciones, con la finalidad de ampliar mi entendimiento de la dinámica delictual y el abordaje oficial. Hace unos días, por ejemplo, Arnulfo, el hermano de un buen amigo, me narró una experiencia que probablemente sería aplaudida y ovacionada por la mayoría de compatriotas, en especial por los más vulnerables y expuestos a los peligros que conlleva la delincuencia.
Arnulfo decidió aprovechar el día de las elecciones para disfrutar a su familia. Subió a su mamá, esposa e hijos a su automóvil y emprendió el recorrido por los centros de votación que les habían sido asignados. Las elecciones, no obstante, proveyeron a Arnulfo de una anécdota útil para dimensionar la decadencia del aparato de seguridad gubernamental.
Después de estacionar su vehículo, Arnulfo y su familia caminaron al primer centro de votación. Antes de llegar, mientras cruzaban una de las congestionadas calles adyacentes, un automóvil casi los atropella enfrente de la entrada del centro. Un grupo de policías aglomerado afuera, presenció el incidente, pero después continuó su tertulia como que si nada hubiera pasado.
Arnulfo, al ver la indiferencia de los policías, se acercó a ellos y les preguntó si no habían visto cómo él y su familia casi son atropellados por un peligroso conductor. Los policías, visiblemente molestos por el reclamo de Arnulfo, adoptaron una posición prepotente y una postura amenazante, empuñando sus armas aún enfundadas en su cinturón. Al ver esto, Arnulfo reprochó la actitud a los agentes policiales, les hizo ver que él era un ciudadano honrado desarmado y que lo único que estaba haciendo era exigir el servicio que están obligados a proveer los policías. Indignado, incluso les cuestionó cómo la Policía podía ser tan intolerante con la ciudadanía honrada y, al mismo tiempo, tan dócil con las pandillas.
Arnulfo, en su valiente intervención, habló con el oficial policial encargado del centro de votación, quien también adoptó una actitud prepotente ante sus reclamos. Los reclamos de Arnulfo son los que muchos quieren hacer a todo pulmón, pero que, por temor, no los hacen.
Así como Arnulfo, todos los salvadoreños tenemos el derecho y, más aún, el deber de exigirle a la Policía excelencia en el servicio que según las leyes de la República tiene que proveer. No hay justificación o explicación alguna que convierta en aceptable cualquier actitud o conducta de funcionarios que busquen desalentar este tipo de exigencia ciudadana.
Sin embargo, ésta parece ser una postura institucional. Esta semana, Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública, criticó a la empresa privada por señalar que la criminalidad y la inseguridad inhiben la inversión en el país. Lara no tiene derecho a reprochar que sectores de la sociedad exijan mejorar la seguridad, especialmente cuando se registra un promedio diario de quince asesinatos. Estas actitudes prepotentes propician altercados que no permitirán crear un frente común para combatir el delito.
*Criminólogo.
@cponce_sv.